Tras casi cuatro años de investigación bajo secreto, el juez Penalva levantó ayer esta medida excepcional para que los implicados en el llamado caso Cursach puedan conocer el contenido de las pruebas que les implican en este caso. Se trata de un proceso judicial que se desarrolla en 85 tomos, con sus correspondientes anexos, que recogen las contundentes pruebas que el Grupo de Blanqueo de la Policía, dirigido por el fiscal Subirán y el juez Penalva, han ido recogiendo y que justifican, a juicio de los investigadores, que el empresario y su principal ejecutivo estén en prisión.
Este sumario recoge tanto las pruebas de la denominada corrupción policial, como el caso Cursach, dado que ambas investigaciones están directamente relacionadas. Un caso en el que en estos momentos hay casi medio centenar de imputados, la mayoría de ellos policías locales, que con casi toda seguridad se sentarán en un futuro en el banquillo de los acusados.
Aunque el juez levantó ayer formalmente el secreto de la mayor parte de la causa, en los últimos meses ha ido facilitando a los abogados el contenido de declaraciones claves de testigos, por lo que muchos de los hechos que se investigan ya se conocen. Facilitó esta información porque estos testigos han sido amenazados e incluso agredidos. Una situación de violencia que, según ha reiterado el juez en varias resoluciones, aún no ha terminado.
En el auto que dictó ayer Penalva señala que el riesgo "de alteración, manipulación y destrucción de pruebas es algo menor, aunque ni mucho menos ha desaparecido". Sin embargo, entiende que ha llegado el momento de que se dé acceso a los abogados al contenido de dicho sumario, sobre todo para garantizar el derecho de defensa, dado que todavía varios de los investigados siguen en prisión, como es el caso de Cursach y Sbert.
Aunque ayer estaba previsto que también se comunicara el contenido íntegro del auto de prisión que en su momento se dictó para justificar el encarcelamiento de Cursach, por razones informáticas no se pudo facilitar dicho documento. En su momento al empresario se le entregó un auto en el que se explicaban los graves delitos que pesaban contra él y que justificaban su ingreso en prisión, pero en el documento se obvió gran parte de la información debido a que el caso estaba bajo secreto por se estaban siguiendo varias líneas de investigación.
En realidad, el juez Penalva no levanta el secreto absoluto del sumario. De hecho ha abierto una nueva pieza separada, por la que pretende determinar si determinadas personas (que no nombra), han podido cometer los delitos de cohecho, coacciones y pertenencia a organización criminal.
A partir de la semana que viene, cuando se entregue formalmente a los abogados el sumario completo del caso, los imputados podrán conocer las declaraciones de los testigos que les han implicado en esta gran causa de corrupción. Por ello, algunas de estas declaraciones son secretas.
En los tomos que recogen el trabajo de los investigadores se incluyen las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas a los principales acusados, como son Cursach y Sbert. Los investigadores entienden que el contenido de dichas conversaciones grabadas aporta sólidas pruebas de los graves delitos que habrían cometido, como por ejemplo utilizar a la Policía Local de Palma y Calvià para perseguir a los empresarios de la competencia, para beneficiar a la vez a sus negocios de ocio.
Extorsión
Aunque la investigación ha concluido con el ingreso en prisión del más importante empresario nocturno de la isla, el caso empezó por una razón muy distinta. Se comenzó al tener sospechas de que determinados policías locales estaban trabajando como porteros en locales de ocio, al tiempo que había otros agentes, sobre todo de la Patrulla Verde, que se estaban dedicando a extorsionar a propietarios de pequeños locales, exigiéndoles dinero para evitar cerrarles el negocio.
Como consecuencia de este caso, el juez Penalva envió a la cárcel a más de 20 policías locales y tres jefes de este cuerpo policial están también siendo investigados. También se ha imputado a José María Rodríguez y a Álvaro Gijón por graves delitos.
