La comisión de investigación del Parlament sobre las autopistas de Eivissa considera que de sus trabajos se han derivado indicios de posibles delitos suficientes para que la Fiscalía Anticorrupción estudie actuar contra sus responsables. Los representantes de los grupos de izquierda hicieron valer la mayoría en la cámara de PSIB, Podemos y Més para aprobar sus conclusiones tras la comisión, que se constituyó el pasado mes de septiembre. La mayoría de izquierda además rechazó con sus siete votos en la comisión el balance planteado por el PP (cuatro votos). En el Partido Popular, al que pertenecen algunos de los implicados en la toma de decisiones, la investigación parlamentaria ha sido inútil y dirigida por intereses partidistas.
PSIB, Podemos y Més consideran en cambio en su manifiesto conjunto que "el proceso de diseño, concesión, adjudicación y construcción de las carreteras de Eivissa" estuvo controlado por dirigentes del PP como el expresidente Jaume Matas, su consellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, y el exdirector general Carlos Jover. A sus decisiones políticas y a la voluntad de beneficiar a determinados empresarios, como el exministro Abel Matutes, atribuyen los grupos de izquierdas "buena parte de los sobrecostes" de las obras.
Según detallaron los diputados de Podemos Salvador Aguilera y Aitor Morrás, encargados de presentar el informe, las "numerosas irregularidades" que observan pasarán ahorra a ser votadas en el plenario del Parlament, y después a Fiscalía Anticorrupción. Las conclusiones también se pondrán en conocimiento del magistrado de la Audiencia Nacional que actualmente investiga la financiación ilegal del PP de Madrid, por las conexiones que se han descubierto entre los dos asuntos.
Según el informe, la manera en que los responsables políticos tomaron las decisiones en cuanto a las autopistas de Eivissa desnuda "la ilegitimidad" de una deuda generada "que deberán asumir los ciudadanos" y que representa "la segunda hipoteca más grande de Balears", solo superada por el hospital de Son Espases, con un canon anual de más de 20 millones de euros, debido a los sobrecostes.
El diputado Morrás cree por ello las presuntas irregularidades que ha destapado la comisión "obligan a actuar no solo en el plano judicial sino también en el político": "Pediremos al conseller de Territorio, Marc Pons, que no se quede de brazos cruzados y le preguntaremos cuáles serán las actuaciones del Gobierno". Presentarán además una moción en el que instan al Govern a retirar las tierras de la obra que se han acumulado irregularmente en los solares de Fiesta Hoteles.
Financiación ilegal del PP
En las conclusiones aprobadas también se recogen sospechas de financiación ilegal del PP a través de los contratos de comunicación y publicidad ligados a los proyectos de construcción de las carreteras, por lo que se propone remitir las conclusiones "al magistrado de la Audiencia Nacional que investiga" el posible delito del partido del Gobierno.
Més, PSIB y Podemos inciden en los efectos negativos para la construcción de la decisión política de "imprimir velocidad al procedimiento", algo que se ha traducido tanto en defectos de ejecución como en supuestas irregularidades administrativas.
Acusan al grupo empresarial de Matutes de beneficiarse de la recepción de tierras retiradas durante las obras de la autovía al aeropuerto por la empresa adjudicataria y señalan al exdirector general Jover por favorecer a los artistas a los que se compraron esculturas para las rotondas, de quienes actuaba a título privado como promotor. Igualmente, atribuyen al exdirector de Obras Públicas la responsabilidad de la destrucción de "numeroso patrimonio arqueológico de valor incalculable".
El PP ve la comisión "un gasto"
Las conclusiones presentadas por el PP, rechazadas por la mayoría de izquierdas, planteaban en cambio que la comisión de investigación "ha supuesto un nuevo gasto público innecesario para los intereses de la ciudadanía". El PP quería que el órgano parlamentario pusiera en manos de la Fiscalía la documentación acumulada para que investigara si el exconseller socialista de Obras Públicas Jaume Carbonero dictó resoluciones que han favorecido "un enriquecimiento desproporcionado a favor de las constructoras de las carreteras".
