22 de febrero de 2017
22.02.2017
Impuestos

La devolución de plusvalías afectará especialmente a Calvià, Andratx o Marratxí

El presidente de los alcaldes isleños reconoce que se trataba de un impuesto "injusto" y exige su reforma tras la sentencia del Constitucional

22.02.2017 | 09:04
Calvià revisó su catastro en 2009 y se sitúa entre las zonas con las plusvalías más ´hinchadas´.
La plusvalía municipal es un impuesto que no gusta ni a los que lo cobran, según reconoce el presidente de la Federación de Entidades Locales de Balears (Felib) y alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, y sin embargo ha permitido que los Consistorios hayan recaudado durante los últimos años "millones de euros" más de lo que les correspondía, según destaca el abogado Alejandro del Campo, una afirmación respaldada recientemente por el Tribunal Constitucional en relación a la aplicación del citado tributo en el País Vasco pero cuyas características son similares a las que se aplican en el conjunto del país. Aunque se destaca que resulta imposible cifrar las cantidades que los Consistorios deberán retornar ante posibles reclamaciones de los ciudadanos afectados, Del Campo sí apunta cuáles serían los municipios más golpeados por las posibles devoluciones a aplicar a los ciudadanos: Calvià, Andratx, Marratxí, Llucmajor, Pollença o Felanitx, por citar algunos ejemplos.

Lo que el Constitucional ha dicho es que no es tolerable que los ayuntamientos cobren una cantidad sobre aumentos de valor de inmuebles que realmente no se han producido. Y eso es lo que muchos Consistorios han hecho, en mayor o menor medida, durante los años de la crisis. El problema radica en que muchas viviendas se compraron a precios elevados durante los años de la 'burbuja inmobiliaria', pero sus propietarios las vendieron durante los posteriores ejercicios de la crisis con importes inferiores a causa de la devaluación que se registró en este mercado. Sin embargo, en esas fechas muchos ayuntamientos revisaron sus valores catastrales al alza y con fuertísimos incrementos al tener en cuenta los valores de los terrenos que se aplicaban durante la anterior etapa de bonanza.

Esta situación, según Alejandro del Campo, abogado de DMS Consulting, ha provocado que los isleños hayan estado pagando de más en muchos impuestos durante los últimos ejercicios, como los autonómicos de transmisiones patrimoniales o de donaciones, y en el ámbito municipal el de bienes inmuebles (IBI) y muy especialmente en el de Plusvalías, y es éste último el que ahora tumba el Constitucional.

¿Qué Ayuntamientos de Balears han estado recaudando de más de forma más intensa, según esa sentencia vinculada a la situación del País Vasco? Pues aquellos que revisaron sus catastros al alza teniendo como referencia los precios en el momento en el que estaban más altos, es decir, los que lo hicieron en 2006, 2007, 2008 o 2009 usando como referencia los que había antes de la crisis, según destaca Del Campo. Y la lista de estos municipios es enorme en el archipiélago, al incluir a Andratx, Calvià, Marratxí, Llucmajor, Felanitx, Algaida, sa Pobla, Binissalem, Maria de la Salut, Pollença, Son Servera, Muro, Puigpunyent, Lloseta, Banyalbufar, Escorca, Estellencs, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí y Selva, todos ellos con esas revisiones realizadas durante el periodo de cuatro años antes señalado.

Fuera de esta lista quedan también municipios de gran peso en Mallorca, porque realizaron su revisión antes de los años del mayor boom urbanístico, como Manacor, en 1997, y Alcúdia, en 2002, o cuando éste ya se había superado y ya se tenían en cuenta los nuevos precios a la baja que existían en el mercado de la vivienda, como Palma, que hizo su revisión en 2013, o Inca, que la ejecutó en 2016.

Impacto "moderado"

El presidente de la Felib no descarta que la decisión del Constitucional obligue a los ayuntamientos a devolver parte de lo cobrado durante los últimos años en concepto de Plusvalía Municipal (los servicios jurídicos de la federación están analizando la sentencia), pero cree que el impacto que este hecho puede tener sobre las arcas de los Consistorios será moderado, teniendo en cuenta el limitado peso que este tributo tiene sobre los ingresos de las Administraciones locales.

En cualquier caso, Joan Carles Verd reconoce que los alcaldes eran conscientes de la injusticia que se estaba cometiendo, aunque estaban obligados a respetar esa normativa tributaria. Por ello, reclama su inmediata reforma, a la vista de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional.

Según el alcalde de Sencelles, el planteamiento de ese impuesto era claramente "injusto", a lo que añade que "no es lógico que se grave una posible revalorización de inmuebles sin tener en cuenta la evolución real de sus precios". Hay que tener en cuenta que esta misma crítica la hace el presidente de la federación española de municipios (Femp) y alcalde de Vigo, Abel Caballero.

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