Los seis acusados por interrumpir una misa en la parroquia de Sant Miquel en febrero de 2014 han planteado un acuerdo al Obispado en vísperas de que se inicie en la Audiencia de Palma el juicio donde se enfrentan a una posible condena de entre 1,5 y 4 años de prisión por un delito contra la libertad religiosa.
Tras reunirse el lunes pasado con el administrador apostólico Sebastià Taltavull, los acusados han remitido hoy una propuesta de acuerdo por escrito al Obispado de Mallorca, que ejerce la acusación particular contra ellos, con la intención de que no siga adelante el proceso judicial.
Han explicado que han decidido hacer pública su propuesta, planteada esta mañana, después de que el Obispado no haya respondido a la misma.
En el juicio que empieza mañana a las 10.00 horas ante la sección segunda de la Audiencia de Palma, cuatro mujeres y dos hombres están acusados de un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos por el que la Fiscalía pide que sean condenados a 1 año y medio de prisión y la acusación particular que ejerce el Obispado reclama 4 años de cárcel para cada uno.
En el escrito dirigido al Obispado en busca de un acuerdo in extremis, los acusados señalan que "más vale un mal acuerdo que un buen pleito" y manifiestan su voluntad de "dar una solución dialogada al conflicto que afecta a ambas partes".
Los acusados quieren que el Obispado admita que la irrupción en la misa en Sant Miquel se produjo en un contexto de protestas contra la polémica reforma de la Ley del Aborto promovida por el PP conocida como "ley Gallardón" y fue "una situación puntual ligada a un contexto muy determinado, y que hoy por hoy no se da".
Plantean además que ambas partes, ellos y el Obispado, admitan que las consecuencias de estos hechos "han supuesto una desazón y sufrimiento, tanto al colectivo feminista como la Iglesia de Mallorca".
"El colectivo de feministas encausadas comprende y comparte el malestar que sufrieron los feligreses de Sant Miquel. La Iglesia de Mallorca hace lo mismo con el malestar que sufrieron las detenidas y su entorno social y familiar", dice literalmente la propuesta de acuerdo que plantean los acusados.
Reivindican además que se reconozca tanto que la intromisión en plena misa con gritos y pancartas en defensa del aborto tenía la intención de "dar visibilidad a una reivindicación política", como que la libertad de culto y la libertad de expresión son ambos Derechos Fundamentales.
El objetivo del acuerdo planteado no es "acercar posturas ideológicas" de "dos tradiciones muy diferentes", sino "solucionar por la vía del diálogo el conflicto, apostando así por un enfoque en positivo de la cuestión".
Desde el inicio del proceso, los representantes del Obispado se han mostrado dispuestos a retirar la acusación si los seis procesados reconocían que habían actuado mal entrando en la iglesia
