En España, el reparto del esfuerzo que han de hacer el Estado y las autonomías para ajustar las cuentas públicas se define en un órgano en el que las comunidades votan pero no deciden, porque el Gobierno central detenta el 50% de los votos. Y así ocurre lo que sucedió ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que así se llama el órgano de democracia solo aparente: que la mayoría de las autonomías se oponen a los planes del Gobierno Rajoy, y aún así estos salen adelante. ¿Qué planes eran estos? Pues los de siempre desde tiempos de Aznar: el Gobierno central centrifuga los esfuerzos hacia las comunidades. Ejemplo perfecto es 2016. El año que viene Bruselas permite a España un déficit (diferencia entre ingresos y gastos públicos) del 3% de su Producto Interior Bruto, agujero a repartir entre comunidades y Gobierno central. Pues bien, las comunidades como mucho podrán desviarse el 0,3%. El resto es del Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, que se lo pone fácil solo a sí mismo.
O eso es lo que se decidió ayer, para desgracia de Balears, que con su nueva consellera de Hacienda, Cati Cladera, salió doblemente trasquilada. Primero, porque pretendía que el objetivo de déficit para el año que viene, el 0,3% citado, (es decir, gastar 83,4 millones más de los que se ingresan) se quedase en el de este año, un 1% (es decir, gastar 230 millones más de los que se ingresan). Y el ministro Montoro y la tiranía de su mayoría de votos en el consejo dijeron que no. El segundo trasquilón era menos esperado: el Gobierno central preveía mandar 180 millones adicionales a Balears este año a cuenta del modelo de financiación, y así se lo anticipó hace tres semanas a este diario, pero resulta que tampoco. Finalmente será 108 millones más, con lo que Balears está recibiendo este año 2.059 millones entre adelantos y liquidaciones del modelo de financiación y obtendrá 2.167 millones el año que viene.
Recortes obligados que no se harán
De ese modo, los 108 millones adicionales que llega dan apenas para pagar el 73% del recorte de déficit que hay que acometer (de 230 millones de desvío permitido a solo 83,4). Y el problema es que el Govern entrante no hereda un déficit del 1%, sino del 1,7%, que es lo que legó José Ramón Bauzá, el president que presumía de no gastar más de lo que tenía mientras en 2014 gastaba 458 millones más de los que tenía. En términos prácticos, eso supone que el Govern para cumplir con lo que impone el Gobierno Rajoy tiene que pasar de 458 millones de déficit a solo 83,4. Y eso son 374 millones de recortes, cuando el Estado aportará solo 108 más. El Ejecutivo presidido por Francina Armengol deberá afrontar ahora la tarea de encontrar 266 millones, que tendrán que salir de nuevos recortes o de nuevos ingresos (impuestos).
¿Los encontrará? Pues den por seguro que no se molestará mucho en buscarlos. La propia consellera de Hacienda explicaba ayer que ese objetivo del 0,3% que impone Rajoy "ahoga" a Balears, y "es imposible de cumplir, porque no lo hemos cumplido hasta ahora". O sea que no lo cumplirán, y menos con el aval que el martes les daba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que se alineó con el argumento balear para afirmar que la comunidad merece un objetivo más accesible, máxime cuando es una de las menos favorecidas por el modelo de financiación.
Balears financia al resto
Que esa es la puntilla de ayer: mientras exige recortes a Balears, el Gobierno asigna a la comunidad la obligación de aportar a los fondos de solidaridad con los que se financia a otras autonomías 780,3 millones de euros (647 millones para el Fondo de Suficiencia Global y 132 para el Fondo de Garantía). ¿Puede Balears negarse a entregarlos? Pues tampoco: con el sistema de financiación ocurre como con el Consejo de Política Fiscal, parece que es para todos, pero lo controla solo el Estado. En este caso es quien tiene la llave de la caja, de la que tomará esos 780 millones que nunca llegarán a Balears, obligada a la vez a nuevos recortes.
