Los tiempos en los que se exigían compromisos de pago a los inmigrantes en situación irregular cuando acudían a las urgencias de los hospitales públicos de esta comunidad ya forman parte del pasado. El Consell de Govern aprobará hoy una instrucción del director general del Servei de Salut, Juli Fuster, merced a la cual se reestablece el derecho a una asistencia sanitaria gratuita y universal para todas aquellas personas que residen de forma irregular y sin recursos en las Illes Balears.
En definitiva, los veinte mil inmigrantes en situación administrativa irregular en las islas que perdieron desde el pasado mes de septiembre de 2012 el derecho a una asistencia sanitaria universal y gratuita de la mano del real decreto 16/2012, vuelven a recuperarlo. Así, estas personas volverán a tener acceso a la Atención Primaria, a ser asistidos en los hospitales de agudos si su patología así lo requiere y a la prestación farmacéutica, esto es, a los descuentos en los fármacos a los que tienen derecho todos los beneficiarios del sistema sanitario público.
Documento, no tarjeta
Todavía no está claro cómo se arbitrará la recuperación de este derecho, aunque fuentes del Servei de Salut recalcaron que a estas personas no se les facilitará una tarjeta sanitaria sino que se les suministrará un documento con el que podrán tener acceso sin trabas a los citados recursos asistenciales.
Sobre la manera con la que se distribuirán estos documentos, las citadas fuentes abundaron en que se habilitará un número de teléfono para que las personas que se encuentren en esta situación puedan concertar una cita con el Servei de Salut. Este, a su vez, establecerá diversos puntos de atención en varios centros de salud de las islas para atender la demanda de estos nuevos documentos. Los inmigrantes habrán de personarse en los centros de salud indicados para obtener el documento que les permitirá ser atendidos sin trabas tanto en Atención Primaria como en los hospitales públicos de esta comunidad.
Asimismo, el documento les permitirá beneficiarse de los descuentos establecidos para los ciudadanos españoles en la adquisición de los fármacos prescritos por los facultativos para curar sus patologías. El copago farmacéutico establecido también en esta legislatura por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que fijó el abono del 10% del coste del fármaco a los pensionistas, antes exentos, elevó también del 40% al 50% el porcentaje del medicamento que debía sufragar el usuario que percibiese rentas de entre 18.000 y 100.000 euros al año. Sin embargo, mantuvo la aportación de un 40% del coste de la medicina para todas aquellas rentas inferiores a los 18.000 euros anuales.
Pues bien, el Servei de Salut habría decidido que los inmigrantes en situación irregular que recuperen esta prestación farmacéutica abonen el 40% del coste del medicamento.
El real decreto 16/2012 promulgado por el Gobierno de Mariano Rajoy limitó la asistencia sanitaria gratuita a las personas en situación administrativa irregular en este país a únicamente tres supuestos: a los menores de edad, a las mujeres embarazadas y a los casos atendidos en los servicios de urgencias.
No obstante, esta comunidad autónoma, durante la pasada legislatura, fue una de las que "acató" de forma más estricta las condiciones que estableció el real decreto estatal. Mientras otras comunidades lo sortearon con instrucciones que permitieron seguir dando asistencia a las personas con problemas de salud independientemente de su situación administrativa, en Balears se llegaron a exigir compromisos de pago en las urgencias hospitalarias, como denunció reiteradamente Metges del Món, organización que documentó hasta 448 casos de "excesos" en la aplicación de la normativa estatal en las islas. Los más frecuentes fueron la presentación de compromisos de pago en urgencias, pero también la negativa de facilitar medicamentos incluso a enfermos trasplantados que corrían el riesgo de perder el órgano recibido sin esos fármacos, o casos de menores desatendidos por carecer de tarjeta sanitaria.
Precisamente ayer se reunió una delegación de esta asociación, encabezada por su presidenta Celsa Andrés, con la consellera de Salud, Patricia Gómez. Un encuentro en el que constataron un radical cambio de actitud encaminada a restituir la asistencia sanitaria universal en las islas.
