La Audiencia de Palma ha confirmado la condena a una clínica privada de Mallorca a indemnizar con 204.595 euros a un paciente por las secuelas que sufrió en los ojos como consecuencia de haber sido sometido a una técnica quirúrgica inadecuada y errónea de la que no fue debidamente informado.

La sección tercera del tribunal provincial ha desestimado el recurso de la clínica contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Palma en noviembre de 2014, condenándola a indemnizar al paciente.

Según el demandante, en febrero de 1999, cuando tenía 20 años, se sometió a una cirugía refractiva con láser para corregir la miopía que sufría, a consecuencia de la cual sufrió daños en las córneas y desarrolló una patología denominada ectasia corneal. Posteriormente, se volvió a operar en la misma clínica en 2001 y su situación se agravó.

El hombre se sometió después a un trasplante de córnea y ha sido declarado incapaz para su profesión de albañil.

El tribunal recuerda en la sentencia que la jurisprudencia establece que en casos de medicina voluntaria "se intensifica el deber de información" y se debe informar al paciente tanto del riesgo que corre durante la operación, como de los que pueden resultar tras ella, de la posibilidad de no obtener el resultado perseguido, de posibles complicaciones y cuidados a seguir.

Asegura que la intervención a la que se sometió "ni era urgente, ni inexcusable para su vida o su salud", con lo cual era voluntaria y requería la obligación de información de los riesgos.

El primer juez consideró que la segunda intervención a la que se sometió al paciente ni estaba indicada ni contó con su consentimiento informado.

El informe pericial realizado por tres doctores detalla que en la documentación no consta información sobre la indicación quirúrgica y los motivos de la nueva intervención, ni del estado visual y síntomas que presentaba el paciente cuando se sometió a ella en enero de 2001 porque la última valoración había sido realizada 17 meses antes.

Los médicos consultados defienden que al paciente le debió ser diagnosticada antes de la operación la ectasia corneal que padecía y en cuyo tratamiento en ningún caso debe realizarse una nueva ablación corneal con láser como la que le fue efectuada. Los peritos afirman que la segunda cirugía desestabilizó más las córneas del paciente y las complicaciones posteriores que sufrió, con una reaparición de una miopía alta, intolerancia a lentes de contacto y síntomas visuales, fueron consecuencia de una evolución de la ectasia corneal que padecía.

La clínica alega que la segunda intervención no fue un retoque de la primera sino un procedimiento diferente que no produce adelgazamiento de la córnea, pero el tribunal señala que en el historial clínico aparece descrita como "retoque lasik" y en el consentimiento informado como "cirugía refractiva tipo láser".

La sentencia recoge también un informe posterior de un médico que dice que "el paciente prefiere retocarse" pese a la oposición del equipo médico y que "la nueva cirugía desestabiliza más la córnea".

El tribunal considera que el médico debió desaconsejar la cirugía y negarse a su práctica si conocía que iba a contribuir a desestabilizar la córnea. La sala considera que la segunda intervención no se ajustó a la "lex artis ad hoc" al "transgredir el deber de información".