El juez Castro solicitó ayer otra nueva batería de datos sobre las relaciones de Antonio Pinal Gil, el propietario del grupo Bruesa e imputado por sobornos al PP, con entidades públicas, en este caso la SMAP (la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Palma). El instructor también está investigando las relaciones de Global PM Consultores, la asesoría que valoró las ofertas para el concurso del hospital público de Son Espases, con la SMAP, Cort y el Govern.
Pinal formó parte de las UTE (Uniones Temporales de Empresas) Aparcamiento General Riera y Aparcamiento Santa Pagesa, que fueron promovidos por la SMAP.
Un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil incluye contratos de esa empresa municipal, entre 2002 y 2003, firmados por el entonces concejal y secretario general del PP José María Rodríguez con sociedades vinculadas al imputado Pinal.
El exedil de Urbanismo en Cort por el PP Javier Rodrigo de Santos, testigo en esta causa, ha declarado que Global PM "era una consultora muy afín al PP por cuya sede se movía con total libertad y cuyo gerente era en 2003 Jesús Peinado". La empresa barcelonesa fue contratada por el Govern para valorar las ofertas del concurso de Son Espases de forma "impuesta" e "innecesaria", según el testigo De Santos.
El exregidor de Urbanismo añadió que la consultora investigada "había realizado un proyecto para la SMAP cuando José María Rodríguez era concejal" y que supo que el procedimiento negociado para contratar a Global PM en el concurso de Son Espases se amañó.
La misma asesoría fue contratada por el Govern de Jaume Matas para supervisar las obras de construcción del metro de Palma, un trabajo por el que recibió varios millones de euros.
El imputado y expresident del Govern Jaume Matas planeó adjudicar un contrato de seis millones de euros a Global PM Consultores y PriceWaterhouseCoopers para supervisar la construcción de Son Espases. El Govern del PP adjudicó ese contrato dos días antes de las elecciones autonómicas del 2007. El Ejecutivo del Pacte anuló la operación.
