Gonzalo Bernal, exgerente de la fundación pública Illesport, está negociando una sentencia de conformidad con la fiscalía anticorrupción que le libre de ingresar en prisión. El acuerdo de Bernal con los fiscales podría complicar la situación del expresident del Govern Jaume Matas en el caso Nóos y en otras piezas separadas del caso Palma Arena.
El fiscal Pedro Horrach reclama para Bernal seis años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta por un presunto delito de malversación de caudales en concurso con prevaricación y falsedad en documento público y otra condena de dos años de prisión e inhabilitación especial de 6 años por un delito continuado de fraude. En total 8 años de privación de libertad.
Bernal no quiere exponerse a ser condenado a esas elevadas penas y ha decidido cambiar de abogado: ha fichado a Gaspar Oliver, un especialista en acuerdos ventajosos para sus clientes.
Oliver ya defendía a otro de los acusados Miguel Ángel Bonet, para el que el fiscal solicita 5 años y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación. Bonet, que fue asesor jurídico del Ibatur (Instituto Balear de Turismo) y que cuenta con una condena anterior por corrupción, también estaría buscando un acuerdo para eludir la prisión.
Escrito de defensa
De momento, el abogado de los dos exaltos cargos del Govern está redactando sus escritos de defensa, que deberá entregar en el juzgado de instrucción 3 dentro de unos días.
La posibilidad de llegar a un pacto se amplía hasta las vísperas del juicio oral del caso Nóos, que no se sabe si se hará este año.
Bernal estaba al frente de Illesport cuando este organismo recibió la orden de Jaume Matas de contratar a empresas del grupo Nóos para prestar distintos servicios al equipo ciclista Illes Balears, al que el Govern patrocinó con 20 millones de euros. Illesport también financió con dinero público los dos foros organizados por Iñaki Urdangarin en Palma, los Illes Balears Forum.
El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso Nóos, postula que dos exaltos cargos del Govern de Jaume Matas, Juan Carlos Alía, exgerente del Ibatur y Gonzalo Bernal, falsificaron contratos y manipularon concursos para favorecer a Iñaki Urdangarin, que medió para que el Ejecutivo autonómico patrocinase con 20 millones de euros al equipo ciclista Illes Balears.
Virginia López Negrete, letrado de la acusación popular, defiende que los altos políticos del Govern decidieron beneficiar a Nóos Consultoría Estratégica (una empresa del duque de Palma) con ese contrato, pero obviaron la obligación legal de convocar un concurso público.
"Toda vez que se había decidido desde el principio beneficiar a la sociedad Nóos Consultoría Estratégica con la contratación de dicho servicio por parte de los dirigentes de la Comunidad balear (Jaume Matas y otros) se decidió, para evitar la aplicación de la legalidad, que el importe del servicio se realizase fraccionando en tres supuestos contratos públicos y utilizando como instrumento dos organismos públicos: Fundación Illesport e Ibatur", sostiene Negrete.
Bernal ha insistido, durante la instrucción del caso Nóos, en que el carecía de autonomía en Illesport y que se limitó a cumplir las órdenes emanadas de José Luis Ballester, exdirector general de Deportes, y del president Jaume Matas.
