El fiscal Pedro Horrach pidió ayer el archivo del caso Nóos para la infanta Cristina al ver "imposible jurídicamente" que haya cometido dos delitos fiscales, como le atribuye Manos Limpias. La fiscalía solicita 103 años de cárcel para 14 acusados, entre ellos Iñaki Urdangarin, Iñaki Urdangarin para el que reclama 19,5 años de privación de libertad y una multa de 3,5 millones.
Horrach trata "in extremis" de salvar del banquillo de los acusados a doña Cristina, a la que únicamente cita como testigo y exige la devolución de 587.413 euros de origen delictivo y que ella habría gastado en fines particulares sin saberlo. La defensa de la hermana del rey Felipe VI se apresuró a anunciar que consignará esa suma en el juzgado mediante unas pólizas de crédito.
Como era sabido, la fiscalía anticorrupción no formula acusación contra la duquesa de Palma, para la que Manos Limpias reclama 8 años de cárcel y el pago de casi 2 millones de euros en concepto de multas. El sindicato de funcionarios acusa a un total de 20 personas.
Tampoco incriminan a la Infanta el resto de acusaciones, entre ellas el Govern balear y la Abogacía del Estado.
Horrach despliega una triple estrategia para librar a la duquesa de Palma del banquillo, algo muy improbable dado que el juez José Castro abrirá con seguridad juicio oral contra ella.
Por un lado, el fiscal sostiene que la Infanta no tuvo ningún papel en Aizoon, la consultoría e inmobiliaria que poseen, desde 2003, los duques de Palma al 50% y mediante la cual habrían defraudado a Hacienda, entre 2007 y 2008, más de 337.000 euros.
La fiscalía mantiene que la hija del rey Juan Carlos I fue colocada en Aizoon por su marido, que buscaba con ello un escudo, un blindaje "ante cualquier eventual incidencia ilícita que realizase bajo la cobertura de la mercantil".
"Doña Cristina accedió a participar en Aizoon dada la garantía y confianza que le ofrecía su cónyuge y el asesor fiscal (el imputado Miguel Tejeiro), sin ser consciente del objetivo último de su presencia".
Posición de indefensión
Aunque sus argumentos de la segunda línea de defensa están dirigidos al juez Castro, el fiscal carga contra los fundamentos del auto de la sala segunda de la Audiencia que confirmó, el pasado 7 de noviembre, la imputación de la infanta Cristina de Borbón.
Según Horrach, se ha "vulnerado el derecho a la presunción de inocencia", dado que "a la Infanta se la imputa en base a una sospecha, pudo saber, que invierte la carga de la prueba".
El fiscal cree que no existe "algún dato, indicio, documento o declaración que acredite" la "participación de doña Cristina de Borbón en el presunto delito contra la Hacienda Pública atribuido a su cónyuge, Iñaki Urdangarin".
"Tras meses de afanada investigación la conclusión que se ha obtenido es un raquítico pudo conocer (el fraude fiscal cometido por su marido) que sitúa a doña Cristina en una posición de indefensión", ironiza Pedro Horrach.
El fiscal critica a la Audiencia por haber cambiado de criterio sobre la imputación de la Infanta, sin que hubiera elementos nuevos en el sumario.
"¿Si la Infanta no tenía por qué conocer (según la Audiencia) que Aizoon era una sociedad instrumental utilizada por su cónyuge para, presuntamente, apoderarse de fondos públicos, por qué tenía que conocer que era una sociedad instrumental para defraudar a la Hacienda Pública", se pregunta el ministerio público al hilo de las argumentaciones de la sala segunda de la Audiencia.
Figurante o garante
Para Horrach no se puede alegar que la duquesa de Palma no tuvo nada que ver con la trama de desvíos de fondos públicos del Instituto Nóos, del que fue vocal, y acusarla ahora de ser "garante" de la legalidad en Aizoon, una de las sociedad usadas por el entramado.
"Nada se dice en el auto para justificar la doble condición que se da a doña Cristina, que de simple figurante o elemento decorativo, pasa sin solución de continuidad a imputada, como consecuencia de una pretendida posición de garante en la entidad Aizoon", argumenta.
Para la fiscalía, ser socia de Aizoon no basta para ser responsable de dos delitos fiscales, atribuidos a otro socio-administrador (Urdangarin).
"Es innegable e inobjetable que, aparte de la participación societaria, el auto (de la Audiencia) no describe un mínimo relato indiciario de cooperación (en los delitos fiscales). Se limita a señalar que "de alguna manera" ha podido contribuir", remacha Horrach.
En este punto la fiscalía insinúa que la duquesa de Palma ha sido imputada por una discriminación por razón de su alta posición social. "El ministerio público ni puede ni debe tolerar eventuales distorsiones en función del perfil personal, social o de otra índole de un determinado ciudadano", advierte el fiscal anticorrupción.
Horrach insiste en su tesis de que los gastos particulares con fondos de Aizoon hechos por la duquesa de Palma son irrelevantes entre 2007 y 2009, cuando se cometieron los supuestos delitos fiscales. Solo incluye un pago con tarjeta de crédito de la consultoría en un restaurante por una comida que costó 352 euros.
Por último, la fiscalía denuncia que en el caso de la Infanta se está dando una respuesta penal distinta a la que marca la jurisprudencia o a la que se estila en el resto de España.
Doctrina Botín
La tercera batería de argumentos de Horrach está basada en la aplicación en el caso Nóos de la doctrina Botín, que impide a las acusaciones populares acusar por un delito fiscal a un imputado si la fiscalía o la Abogacía del Estado piden el sobreseimiento.
La Audiencia, y el juez Castro, sostienen que con la Infanta hay un matiz que sí da pie a la acusación popular: Hacienda y fiscalía sí que presentan acusación contra otros encausados por delito fiscal.
Horrach hace un prolijo análisis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia para concluir que la única salida posible es el sobreseimiento. Castro tendrá que dictar en unos días el auto de apertura de juicio contra los 20 acusados o parte de ellos.
