13 de noviembre de 2014
13.11.2014
Diario de Mallorca

Las sindicaturas piden poder sancionar a políticos por una gestión deficiente

Mallorca acoge hoy y mañana el VI Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público

13.11.2014 | 06:30
Pere Antoni Mas, síndic major de Balears, y Miguel Ángel Cabezas, presidente de FIASEP y exsíndico de Castilla-La Mancha.

Las sindicaturas de cuentas de toda España reclaman voluntad política para dotarles de más medios y de capacidad sancionadora para poder hacer frente a los casos de corrupción. "Hacia un control más eficaz de los fondos públicos" es el lema del VI Congreso Nacional de Auditoria en el Sector Público que se celebrará entre hoy y mañana en Palma. La convención de auditores públicos fue presentada ayer por el síndic major de Balears, Pere Antoni Mas, y por Miguel Ángel Cabezas, presidente de la Fundación Auditoria para la Transparencia en el Sector Público (FIASEP).

Miguel Ángel Cabezas explicó que el objetivo de este congreso es buscar fórmulas para mejorar el control en la gestión de las administraciones públicas. "Es intolerable –aseveró– el crecimiento que está experimentando la corrupción en plena crisis. Lo que estamos viendo es que con una mejor gestión por parte de los políticos no hubiera hecho falta tantos recortes". Recordó que el cálculo del coste de la corrupción en España es de unos 40.000 millones de euros y admitió que "todos los ojos están puestos sobre los auditores públicos".

El presidente de FIASEP y exsíndico mayor de Castilla-La Mancha, enumeró sus contundentes propuestas que serán debatidas en el congreso: "Es imprescindible que no vuelva a pasar lo que estamos viendo cada día con más casos de corrupción. Para ello hay que tomar medidas sin paños calientes, los órganos de control público deben dejar de estar colonizados por los poderes políticos y se debe dotar de más medios e independencia a las sindicaturas de cuentas y al Tribunal de Cuentas". Una de las propuestas más novedosas que esbozó Cabezas fue la posibilidad de que las sindicaturas tengan capacidad sancionadora y que respondan "los gestores con su patrimonio, no con el dinero de todos".

Pere Antoni Más reconoció que en los informes de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión del Govern, consells o ayuntamientos no son tenidos en cuenta por los gestores públicos. "El control interno es mejorable, pero si se hubieran tenido en cuenta muchas de las sugerencias que hemos venido haciendo en determinadas áreas de riesgo detectadas, en Balears se hubieran podido evitar algunos de los casos de corrupción que han acaecido en nuestra comunidad". El síndic major de Balears apuntó que "convertirlo todo en delito tampoco es la solución".

Sin embargo, abogó por colocar "más semáforos en lo que nosotros llamamos las áreas de riesgo de la administración pública".

Uno de los problemas más importantes con los que se encuentra la Sindicatura de Comptes de Balears es la tardanza de las administraciones públicas a la hora de entregar sus cuentas para ser auditadas. Para combatir esta práctica los auditores públicos pidieron voluntad política para cambiar el sistema y reducir los tiempos de casi un año y medio que ahora tienen los departamentos económicos para rendir su gestión a los órganos de control. Asimismo, quieren que los ayuntamientos, conselleries, y consells insular que no entreguen los documentos de su gestión a tiempo no puedan acceder a determinadas ayudas económicas. Mas propuso como plazo máximo de rendición de cuentas 9 meses.
Miguel Ángel Cabezas añadió que es "inaudito" que cualquier empresa debe pasar una auditoria anual y, en cambio, muchas administraciones públicas evitan este control y no pasa nada.

30 auditores en Balears
La reivindicación de las sindicaturas de cuentas de contar con más medios humanos, para reforzar el llamado "control externo" del dinero público, será otro de los grandes debates que se pondrán sobre la mesa del congreso que se celebra estos días en Mallorca. Pere Antoni Mas indicó que en Balears cuentan con 30 auditores para fiscalizar las cuentas de unos 300 organismos públicos. Estamos hablando de los más de 60 ayuntamientos, todas las conselleries, empresas públicas, institutos y organismos dependientes del Govern y de los consells insulars.
El síndic major admitió que con este personal es imposible "poder auditar a todos los ayuntamientos, lo que ocurre es que tampoco más auditores garantiza un mayor control".

Miguel Ángel Cabezas habló de los intentos del Gobierno central de eliminar los órganos autonómicos de control, recordando que él estaba al frente de la sindicatura de Castilla-La Mancha cuando la presidenta María Dolores de Cospedal decidió eliminarla y pasar las competencias al Tribunal de Cuentas del Estado. Calificó la decisión de "legítima", pero no la comparte. Este ha sido el único órgano de control que se ha eliminado en España.

Por su parte, Pere Antoni Mas apuntó que el coste de la Sindicatura de Comptes de Balears representa el 0,03% del presupuesto de la Comunidad Autónoma. Una cantidad muy "baja para garantizar un control económico de las cuentas públicas". La sindicatura de Balears tiene un coste similar a las de sus homónimas de otras comunidades.

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