Los empresarios declaran la guerra a la subida de las tasas de basuras

En la ´lista negra´ empresarial aparecen Calvià, Llucmajor, Marratxí, Alcúdia, Pollença y Sant Llorenç (este último es el único que marca diferencias políticas al contar con un alcalde de GISCa).

Aunque desde alguna patronal se matiza que Calvià ha comenzado a rectificar anunciando una bajada en esta tasa, otras la señalan directamente con el dedo y acusan a este consistorio de haber sido el primero en abrir la caja de los truenos hace tres años con la pretensión de aplicar subidas del 300% y del 200% en algunos casos dependiendo del tipo de negocio, aunque posteriormente se pactaron porcentajes más bajos. A ello se ha sumado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) adoptada el mes pasado de suspender cautelarmente la ordenanza municipal de recogida de residuos y limpieza de espacios públicos aprobada en Calvià en marzo, tras el recurso presentado por la patronal isleña de salas de fiesta.

Para calibrar el alcance en la herida de algunos bolsillos empresariales, desde los sectores afectados se ponen algunos ejemplos: un centro comercial de tamaño medio-grande puede llegar a pagar 100.000 euros anuales por la citada tasa de basuras, mientras que algún puerto deportivo se ha encontrado con facturas de 60.000 euros.

El malestar que todo ello ha generado se ha extendido como una mancha de aceite sobre las aguas empresariales: comerciantes, restauradores, ocio nocturno, puertos deportivos, hoteleros o empresas industriales situadas en polígonos como los de Marratxí están poniendo el grito en el cielo ante la voracidad fiscal de los consistorios antes señalados. Lo que ahora se pretende es dar un golpe sobre la mesa para evitar que cunda el ejemplo y otros alcaldes hagan esa misma apuesta para mejorar los ingresos municipales.

La explicación que algún representante empresarial da es bien simple: en el año anterior a unas elecciones, algunos ayuntamientos han apostado por congelar las tasas de recogida de residuos generados por las familias (para evitar una mayor pérdida de apoyos en las urnas), pero a cambio se han cargado las tintas sobre las empresas. "Alguien ha creído ver en algunos sectores empresariales a la gallina de los huevos de oro, pero al final lo que van a conseguir es matarla", lamenta el representante de una importante firma comercial. Un punto de coincidencia se da a la hora de felicitarse por el hecho de que Palma no haya entrado en esa dinámica.

Como se ha indicado, varios sectores empresariales señalan a Calvià como el primer responsable de este fenómeno, lo que ha hecho que ambas partes hayan terminado enfrentadas en los tribunales.

En concreto, la patronal isleña de salas de fiesta presentó un recurso contra la ordenanza de este municipio relacionada con la recogida de basuras, y el Tribunal Superior de Justicia de Balears acordó el pasado 20 de octubre suspender cautelarmente la citada normativa alegando los perjuicios irreparables que su aplicación puede tener, a la espera de una sentencia definitiva, y que ya existen varias decisiones de otros juzgados que anulan las liquidaciones de esa tasa que se habían emitido a varias empresas. En cualquier caso, el Ayuntamiento ya ha anunciado su intención de recurrir.

Pero a la vista de que el ejemplo calvianer se está extendiendo, otras patronales intentan ahora fraguar una nueva alianza empresarial en contra de esta política. Para empezar, el próximo mes se celebrará una reunión de la comisión de comercio de Caeb en la que este tema se pondrá sobre la mesa y se valorará el impacto económico que el aumento de tasas está teniendo. Y a partir de ahí se reclamará la ayuda de otros sectores igualmente afectados. El objetivo es que la protesta se vehicule a través de la citada confederación empresarial. Existe un importante precedente: la batalla que se libró contra la creación por parte del Govern de un nuevo impuesto sobre los envases, y que terminó con la retirada de esa iniciativa.

Pero además de la constitución de ese frente común contra los ayuntamientos que en opinión empresarial están aplicando una política fiscal "abusiva", se van a analizar otras iniciativas. En concreto, se va a abordar la posibilidad de contratar a una empresa especializada en la recogida de residuos, al considerar que esta fórmula supondría una reducción de costes que se podría mover entre el 35% y el 40%.

También existen precedentes de esta última formula, y uno de los más recientes, según se apunta, es el del club náutico de Santa Ponça, que optó por esta vía para evitarse el fuerte encarecimiento en la tasa de basuras promovido por el Ayuntamiento de Calvià. Lo que se planteará es extender ese sistema a una parte importante del tejido empresarial afectado.

En cualquier caso, los representantes patronales confirman el malestar existente e incluso los problemas que este tipo de situaciones generan entre las empresas.

Así, la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Hotelera de Mallorca, Inma de Benito, recuerda que el Consell de Mallorca ha optado por congelar la tasa de tratamiento de residuos, pero que los ayuntamientos han actuado de forma dispar y sin un criterio común. Eso hace que la evolución de estos costes haya sido diferente dependiendo del municipio, lo que supone un problema adicional para aquellas cadenas que cuentan con establecimientos en diferentes zonas de la isla, dado que la evolución de cargas presenta variaciones dependiendo de su ubicación. Esta situación, lógicamente, se extiende a cualquier firma empresarial que cuente con instalaciones en más de un municipio. En cualquier caso, desde la federación hotelera se reconoce que Calvià está rectificando, con el anuncio de una bajada de estas cargas.

También el presidente de la patronal de comercio Afedeco, Pau Bellinfante, destaca el malestar existente en su sector, especialmente entre las empresas de supermercados, por un doble motivo: en primer lugar, se cuestiona que se eleven los costes de las empresas en un momento en el que el consumo sigue muy débil, y en segundo término se coincide con la representante hotelera en lo difícil que resulta gestionar este tema cuando cada municipio aplica una política diferente. Bellinfante lamenta el escaso sentido común que muchos políticos están demostrando tener en la actual coyuntura de crisis.

El presidente de la asociación de distribuidores de alimentos de las islas, Bartolomé Servera, señala también el malestar existente entre las empresas de su sector, que cuentan con grandes naves y que se ven afectadas por estos encarecimientos. Y en el caso concreto del polígono industrial de Marratxí, pone de relieve que se está registrando una apreciable indignación por la evolución que estas tasas están teniendo.

Estas patronales apuntan otro factor que se considera absurdo: la tasa se mantiene idéntica a lo largo de todo el año pese a que la actividad de muchas de estas empresas se reduce sustancialmente durante el invierno y, consecuentemente, los residuos que se generan durante esos meses son mínimos.

En este sentido, la presidenta de una de las dos asociaciones de restauración existentes en la isla, Pilar Carbonell, considera que este tipo de situaciones adquiere una importancia especial porque van en contra de la política que se debería seguir para combatir la excesiva estacionalidad que padece Balears.

Al respecto, esta dirigente empresarial defiende que lo que los ayuntamientos deberían hacer, en lugar de elevar la presión fiscal, es rebajarla al menos durante los meses de temporada baja, con el fin de ayudar así a aquellas empresas que hacen una apuesta por mantener su actividad a lo largo de todo el año. Este argumento es compartido por la totalidad de los representantes empresariales consultados.