Solo tres familias de Baleares han solicitado la compensación económica que ofrece el Ministerio de Educación por tener que escolarizar a sus hijos en un centro privado para que estudien en castellano como lengua vehicular, al no hallar dicha opción en uno público, durante el primer mes de aplicación de esta disposición adicional de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

En una respuesta escrita del Gobierno al grupo parlamentario de UPyD, se precisa que todas las solicitudes han sido presentadas en la sede electrónica de Educación. En total, el Ministerio ha recibido 293 solicitudes de familias de comunidades con lengua cooficial que piden dicha compensación económica.

De ellas, 256 se encuentran en estado de "borrador", es decir, que el solicitante ha cumplimentado los datos en sede electrónica pero no han pasado a ser "confirmadas".

Del resto de las 37 restantes, 35 están confirmadas, o lo que es lo mismo, que el solicitante ha cumplimentado los datos en la solicitud de la sede electrónica, los ha confirmado y está pendiente de presentarla en un registro físico.

Tres de solicitudes confirmadas se refieren a alumnos de Cataluña, cuatro de Galicia, 25 de la Comunidad Valenciana y 3 de Baleares.

Además, otra solicitud procedente de Cataluña se encuentra en fase "registrada", que significa que se ha presentado en sede electrónica de Educación y está pendiente de instruir por la Alta Inspección de Educación en la Delegación del Gobierno de su comunidad.

Otra solicitud más, de la Comunidad Valenciana, está registrada por el gestor, es decir, se ha recibido físicamente en el Ministerio de Educación, donde se ha registrado en la sede electrónica.

El portavoz de Educación en el Congreso de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, había preguntado al Gobierno cuántas solicitudes había recibido el departamento dirigido por José Ignacio Wert en virtud de la disposición adicional 38 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Esta disposición establece que los alumnos que tengan que estudiar en un centro privado por no tener en su comunidad uno público o concertado donde recibir educación en castellano como lengua vehicular serán compensados por la administración autonómica hasta un importe máximo equivalente al coste de una plaza en un centro público.

Preguntado el Ejecutivo si es cierto que la Conselleria catalana exige a las familias el desembolso previo del coste de las matrículas y mensualidades del centro privado con oferta en castellano, el Gobierno responde que Cataluña "no exige" el adelanto de los gastos de escolarización del solicitante, sino que es el centro privado el que exige el pago como condición para matricular.

El Ministerio de Educación recalca en su respuesta que "aún es pronto para adelantar resultados" sobre este tema ya que el procedimiento es "muy garantista" y requiere de la "comprobación de todas las circunstancias que dan derecho a la compensación", así como de abrir un plazo para solicitar información a la comunidad afectada y un trámite de audiencia a ésta.

Educación recuerda que la tramitación de estas solicitudes han comenzado la primera semana de octubre y, según el real decreto, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis meses.

Con respecto al límite de pago de los costes escolares, y que se refieren a la cuantía máxima de los gastos efectivos de escolarización susceptibles de compensación y determinados por el gasto público por alumno público en enseñanza no universitaria en la correspondiente Administración autonómica, el Ministerio ofrece a UPyD dicha cuantía por comunidades.

Esos precios en las regiones con lengua cooficial son los siguientes: Baleares (6.746 euros), Cataluña (6.003), Comunidad Valenciana (5.781), Galicia (7.104), Navarra (8.352) y País Vasco (10.134).