El testigo de la conexión ucraniana se desdice

­La supuesta conexión ucraniana del caso Nóos, la vinculación de Iñaki Urdangarin con una millonaria transferencia de fondos de Telefónica desde España a Ucrania, duró ayer apenas unos segundos tras el interrogatorio al empresario barcelonés José Luis López Ribes, preso en la cárcel de Can Brians-2.

López Ribes, en varias cartas localizadas por la Policía en su ordenador y en documentos entregados por Telefónica, sostenía que los 12 millones transferidos por esa compañía a una cuenta corriente suya en un banco de Odesa tenían como último destinatario al duque de Palma.

Ayer el recluso aseguró no haber afirmado nada de eso.

El juez Castro le preguntó, a través de una videoconferencia, en qué se basaba para mezclar al yerno del Rey con aquella operación. El testigo-recluso no pasó de indicar que eran simples suposiciones suyas.

A la videoconferencia asistieron también el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, la abogada del Estado Dolores Ripoll, el letrado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, y otros letrados.

Todos salieron de los juzgados con una media sonrisa ante la inconsistencia de la declaración de López Ribes.

Había que mirarlo

La historia del empresario barcelonés hacía aguas desde el principio, pero su credibilidad se hundió el viernes tras aportar Telefónica un dossier sobre la presunta estafa de la que fue víctima en diciembre del 2007.

Sin embargo, desde fuentes de la investigación se explicó que los hechos, por muy rocambolescos que pareciesen, tenían que ser examinados para no dejar ningún cabo suelto.

Ayer Ribes insistió en que él no sabía nada del dinero que Telefónica le metió en su banco de Odessa y que él era un perjudicado por este incidente.

Telefónica denunció dos días después de la transferencia a López Ribes y sus presuntos cómplices por una estafa de película.

La versión de Telefónica es diametralmente opuesta a la de López: unos desconocidos suplantaron la identidad de dos apoderados e interventores generales de la compañía, personas autorizadas para hacer movimientos de fondos. Los estafadores mandaron a una sucursal madrileña de Caja Sol, una orden de transferencia urgente a Odesa.