El Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) “por regla general” no se está aplicando bien y en alrededor de un 20% de centros ni siquiera tienen todavía el proyecto debidamente autorizado, aunque el cálculo es estimativo ya que “el porcentaje es desconocido”, pues la conselleria no facilita los datos. Así lo denuncian los inspectores miembros de la asociación ADIDE, la mayoritaria y presidida por José Manuel Bar.

Este inspector, en activo en Eivissa, presentó ayer la nueva junta directiva de la entidad, acompañado de los ya retirados Pere Rios y Pere Carrió. Los tres intentaron desmentir la visión de normalidad que transmite Educación respecto a la aplicación del trilingüismo, asegurando que según les trasmiten sus asociados, cuyo trabajo incluye visitar los centros, faltan medios para desarrollarlo en condiciones. Sí han detectado que el TIL está ofreciendo buenos resultados en 1º de Primaria. A su entender, esto demuestra que hubiera sido necesaria una implantación gradual. Respecto a la orden de desarrollo del TIL, lamentan que Educación no haya aprovechado “esta excelente oportunidad para volver al diálogo” y que siga “erre que erre”.

Bar y sus compañeros se mostraron especialmente críticos con las formas de la conselleria de Educación, que han derivado en el curso escolar “más conflictivo” que recuerdan. “Y tenemos más de 20 años de experiencia”, recordó el presidente de ADIDE, que deploró la “precipitación y hostilidad” con la que se ha llevado a cabo el aterrizaje del proyecto trilingüista y que en los últimos años se hayan vulnerado “derechos fundamentales” como la libertad de expresión, con la ley de Símbolos, o el derecho a la huelga, “con unos servicios mínimos sin precedentes”.

Reprochó asimismo que la Conselleria desvirtúe de cierta manera su profesión. Según explicó, el modelo de trabajo al que están acostumbrados implica colaborar con los centros y sus problemas, asesorar, mediar, evaluar y en último lugar “cumplir y hacer cumplir la ley”. Denunciaron que durante esta legislatura su trabajo ha quedado reducido a este último punto, olvidándose de la misión global que tienen los inspectores.

¿Interfiere Educación en su trabajo? ¿Hay injerencias políticas? Rios apuntó que las leyes son interpretables y la Conselleria actual “las interpreta de una manera que no coincide con la interpretación que hacemos nosotros”, pero, prosiguió: “La Administración tiene la sartén por el mango y los inspectores han de hacer lo que les digan”. Incluso cuando no creen que deben hacerlo y así lo indiquen.

El que fuera jefe de inspección hasta hace algo más de un año puso el ejemplo de los lazos: “Nos mandaron a quitarlos y les dijimos que no había ninguna normativa que impidiese colgarlos, y algo de razón debíamos tener ya que luego hicieron la Ley de Símbolos”. Recordó también cuando Educación intentó prohibir las reuniones de padres, profesores y alumnos en los centros para protestar contra los ajustes o para hablar sobre la LOMCE. Rios señaló además que si Educación no ha convocado oposiciones es porque le resulta más fácil controlar a los inspectores que han accedido por concurso y a los que puede despedir o no renovar.

Los inspectores lamentaron la pérdida de la paz social, “necesaria para la calidad del sistema educativo”, y el trato que reciben del actual equipo: “Nunca había pasado, antes nos escuchaban”, rememoró Pere Rios. “Y les convendría escucharnos”, añadió Bar.