Nadie olvida la cara de un madrileño, la primera vez que se le recuerda que una huelga de transporte aéreo supone en Mallorca el aislamiento absoluto, dada la olvidadiza obviedad de que no se puede acceder a la isla ni abandonarla por carretera. La única arteria que alimenta a la sociedad mallorquina está gestionada por Aena, una institución siniestra con presencia destacada en Gürtel, lo cual equivale a encomendar el orden público a Torrente. En su plantilla figuran los controladores aéreos, el colectivo laboral más privilegiado de España, en relación a su formación y cargas.

Debe anotarse de antemano que, cada vez que volamos, nos gusta que nuestro piloto y controlador estén excelentemente remunerados. A cambio, confiamos en una reciprocidad incumplida en diciembre de 2010, cuando el control aéreo paralizó los aeropuertos tras el posible "concierto de los controladores para el abandono citado" de sus funciones. Así consta en un auto con formato de sentencia que exime a una veintena larga de controladores de la acusación de sedición, donde la aureola marcial del delito gobernado por una ley franquista da idea de la gravedad del colapso provocado.

La enhorabuena a los inocentes debe acompañarse con la constatación de que los controladores no pueden sentirse satisfechos de haber vulnerado su cuota de responsabilidad social, en respuesta a la supuesta agresión a sus prebendas. Si se generaliza la denominación profesional es porque hasta 19 de 23 responsables de un turno en la torre de Son Sant Joan se sintieron repentinamente indispuestos hace tres años. La crisis fue curada con igual celeridad, en cuanto Rubalcaba decretó el exagerado estado de alarma y los enfermos quedaron bajo jerarquía militar. Si bien la jueza se abstiene en atención a la coartada del escrupuloso cumplimiento de los protocolos médicos, su auto de sobreseimiento abunda en precisiones que ayudarán a escribir la historia de una huelga ilegal de los trabajadores con mejores condiciones del Estado.

La expresión "huelga ilegal" es utilizada por la magistrada cuando relega los hechos a la esfera civil. "Podría afirmarse que estamos ante un fraude de ley. Por haberse utilizado una vía oblicua, para alcanzar un fin prohibido por el ordenamiento jurídico, la huelga ilegal". Aunque se considera maniatada por los pronunciamientos médicos que avalan una epidemia instantánea de estrés, la jueza habla en su auto de "abandono impropio". Al margen de la lógica felicidad de los querellados, también queda claro que se ganaron a pulso la hostilidad popular ante la posibilidad de "haber participado en huelga ilegal".

La sola idea de que los controladores aéreos abordaran una "situación de conflicto" laboral mediante una asamblea en que "se acordó abandonar el servicio de control aéreo que debían desempeñar en turnos sucesivos", con el posible "concierto", supone un escándalo de mayor gravedad que la palabrería asociada al término sedición. Se han trabajado a pulso la antipatía de la ciudadanía, a la que pusieron en peligro sin reparar en las consecuencias para todos los trabajadores de las islas.

La "indisposición masiva" de los controladores contribuyó al descrédito del Estado, al obligar a una curación manu militari de imprevisibles consecuencias. El Gobierno de Zapatero utilizó el reducto feudal de las torres de control para ensayar las acometidas generalizadas contra los trabajadores, pero la maniobra excelentemente orquestada de la "huelga ilegal" ni siquiera limitó los daños contra colectivos desprotegidos. Tampoco sirvió en exceso para convencer a Mallorca de que es una isla a un aeropuerto pegada, una aerópolis donde la sustancia no es el entorno urbano, sino la presencia de las pistas de Son Sant Joan.

A propósito, si un controlador ejerce una actividad trascendental donde los emolumentos se justifican por las numerosas vidas en sus manos, ¿cuánto ha de cobrar el médico que tiene en sus manos la vida de un controlador?, ¿y el juez en cuyas manos está nada menos que la libertad del controlador en una causa penal? Pues bien, tampoco aquí se cumple la transitividad, por lo que puede hablarse de un privilegio sin sustento en las leyes de la actividad económica.