La asociación judicial "Francisco de Vitoria" (AJFV) ha denunciado hoy "la grosera campaña de desprestigio" contra el juez del caso Nóos, José Castro, así como el último escrito del fiscal que, a su juicio, "contiene expresiones impertinentes y ofensivas y acusaciones muy graves a su actuación".

El fiscal Pedro Horrach acusó al juez de apoyarse en una "teoría conspiratoria" para imputar a la infanta Cristina al cuestionar la fiabilidad de los informes de la Agencia Tributaria en los que se descarta que la hija menor del Rey haya cometido delitos fiscales.

Por ello solicitó al instructor que antes de la declaración como imputada de la duquesa de Palma tome declaración como peritos a los inspectores de Hacienda que han investigado la actividad económica de la infanta a través de la empresa Aizóon, de la que es copropietaria junto con su esposo, Iñaki Urdangarin.

El juez ha citado hoy para el próximo día 25 a los tres inspectores de Hacienda y a ocho testigos cuya declaración solicitó el fiscal pero ha eludido replicar la acusación.

La asociación "Francisco de Vitoria" explica que "ante el silencio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" manifiesta que "resulta intolerable en un Estado de derecho la grosera campaña de desprestigio de un juez de instrucción que han emprendido ciertos medios de comunicación plagada de críticas vejatorias y ataques personales que alcanzan incluso a su vestuario".

"No es la primera vez que sucede pero tal vez sea la más grosera e intensa y a dicha campaña se suma ahora de modo incomprensible el citado individuo del Ministerio Fiscal, órgano teóricamente llamado a ser garante de la legalidad", añade.

Esta asociación hace un pronunciamiento público de apoyo a la labor del juez y solicita al CGPJ y al Ministerio Fiscal que adopten las decisiones que legalmente proceden "ante los gravísimos hechos denunciados".

Comenta que "en un Estado de derecho las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica pero cuando son ataques directos y reiterados a la persona del juez se convierte en un mecanismo de presión injustificado e intolerable que debería ser inmediatamente abortado por el órgano constitucional encargado de defender la independencia judicial, el CGPJ".

Al respecto abunda en que "cuando los ataques personales al juez los realiza una de las partes o un representante del Ministerio Fiscal, teórico garante de la legalidad, la reacción se hace imprescindible".

"Las expresiones groseras, el desprecio al juez y las acusaciones veladas de prevaricación que destila el escrito del Ministerio Público son intolerables", destaca la asociación "Francisco de Vitoria".

Agrega que "la vía del recurso es la procedente para combatir las resoluciones que no se consideran ajustadas a Derecho por lo que resulta incomprensible que el mismo fiscal que ha dejado transcurrir el plazo sin presentarlo frente a la resolución del instructor que no comparte se despache a posteriori en esos términos con la anuencia de su superior jerárquico".