Aunque la tramitación de un indulto, en la mayoría de casos, suele tardar una media de tiempo de un año, el tribunal desconoce cuándo el Gobierno se pronunciará sobre este asunto. Y por tanto, para evitar que el cumplimiento de la pena de prisión pueda prescribir, en el caso hipotético de que el indulto se deniegue, el Tribunal acuerda que en el mes de mayo de 2018 el caso pueda ser de nuevo revisado. En la resolución de la Sala se acuerda que el ponente supervise, antes de que se cumpla esta fecha, el estado de la tramitación del indulto.