El Gobierno Rajoy descarta "a priori" conceder el indulto a Jaume Matas

Jaume Matas va a tener difícil librarse de la cárcel: el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó ayer que a priori no se aprecian las razones de equidad, interés público y justicia exigidas para conceder el indulto que ha solicitado el expresidente de Balears y exministro Jaume Matas.

Matas argumentó en la petición de indulto que ha planteado al Gobierno que la pena de 9 meses de prisión por tráfico de influencias que pesa sobre él "no resulta adecuada a la justicia, equidad y proporcionalidad". Alegó que el Tribunal Supremo rebajó la condena inicial de 5 años y 3 meses que le impuso la Audiencia de Palma por varios delitos de corrupción y la dejó en 9 meses por influir sobre un subordinado para que se pagaran fondos públicos de forma ilegal a un periodista que le escribía discursos.

En respuesta a UPyD en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados, Ruiz-Gallardón explicó que el indulto es un acto reglado y el Gobierno, antes de tomar una decisión, necesariamente tiene que solicitar los informes de la sala sentenciadora y del Ministerio Fiscal, lo que hizo el Gobierno el pasado viernes. El ministro destacó que "en este caso concreto se solicita el indulto por un delito de tráfico de influencias". Y este Gobierno "jamás ha concedido un indulto por un delito de tráfico de influencias y a priori parece difícil apreciar esas razones de equidad y de interés público o de justicia".

El ministro informó de que de los 178 indultos concedidos este año solo uno lo ha sido por un asunto relacionado con la administración pública, no de tráfico de influencias. Además, indicó que solo se concede un 7 por ciento aproximadamente de indultos solicitados y que el 96 por ciento de los indultos que ha concedido este Gobierno tenían informes favorables bien del Ministerio Fiscal o bien de la sala sentenciadora o de ambos.

En cualquier caso, Ruiz-Gallardón insistió en que "a priori el Ministerio de Justicia no aprecia estas razones en ningún delito de tráfico de influencias, incluido el de Matas, pero lógicamente la decisión definitiva la adoptará el Gobierno una vez que conozca los informes de la Sala y del ministerio, como no puede hacer de otra forma".

La diputada de UPyD Irene Lozano comentó sobre Matas que "estamos hablando de un sujeto cuya conducta delictiva ha sido calificada por el fiscal de Palma de muy grave y al que la Audiencia Provincial que le ha condenado le ha calificado de peligroso criminal, que no se ha arrepentido y que demuestra que no es consciente de la gravedad del daño que ha causado a la sociedad". Por ello, a su juicio, "le vendría muy bien ese poder rehabilitador que tiene la cárcel contra los delincuentes peligrosos".

"Para la sociedad española sería un momento de resarcimiento del que verdaderamente estamos necesitados el ver entrar a alguno de los de los grandes corruptos a la cárcel", indicó Lozano.

Por otro lado, las XXIII jornadas de jueces decanos de España, clausuradas ayer en Sevilla, han reclamado que este tipo de casos no sean juzgados por jurados populares ni se suspenda el cumplimiento de las penas en caso de solicitar el indulto. Los reunidos han presentado ocho propuestas para luchar contra la corrupción.