Los diez empleados del yate Fortuna alcanzaron ayer un acuerdo con la naviera para la que trabajaban, la empresa Unión Naval Valencia, para cobrar una indemnización de 33 días por año trabajado, frente a los 20 días que les ofrecían inicialmente. Sumando las cantidades que pide cada miembro de la tripulación, que depende de la categoría laboral y de los años que estuvo trabajando a bordo del yate de la Familia Real, la cifra de la indemnización que se reclama suma 1,2 millones de euros.

Tendrá que ser la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Balears la que decida quién era el patrón de la tripulación, ya que se discute si trabajaban para Patrimonio Nacional o para la empresa Unión Naval Valencia. Esta naviera había firmado un acuerdo con la empresa estatal para hacerse cargo del mantenimiento de la embarcación y, por tanto, asumir la contratación de la plantilla. Los tripulantes denuncian que se ha producido una cesión ilegal de trabajadores, por lo que reclaman que la indemnización por despido improcedente la asuman, solidariamente, tanto Patrimonio Nacional como la empresa naviera.

Nueve de los diez tripulantes del antiguo yate del Rey acudieron a la vista que se celebró ayer, después de que sus representantes alcanzaran un acuerdo con los abogados de la empresa con respecto a los días de indemnización. La plantilla se había negado inicialmente a aceptar la propuesta de la naviera, que les ofreció pagarles una indemnización de 20 días por año trabajado. La empresa dio por terminado el contrato con estos empleados después de que el Rey anunciara su renuncia a seguir disfrutando del yate Fortuna. La embarcación, que costó 18 millones de euros, fue un regalo que la Fundación Turística y Cultural de Balears, creada por un grupo de empresarios, le hizo al monarca. El Govern y los integrantes de esta fundación contribuyeron al pago del lujoso yate, que fue botado en el año 2000.

Los integrantes de la tripulación no se consideran empleados de la naviera valenciana, porque sostienen que las órdenes que recibían con respecto al mantenimiento de la embarcación las recibían siempre de los responsables de Patrimonio Nacional. Nunca recibieron una orden de un directivo de la empresa naviera. Una vez alcanzado un acuerdo sobre la indemnización, el abogado de la naviera apoyó la propuesta de los trabajadores de que sea Patrimonio Nacional el que pague este despido. Si los jueces aceptan esta propuesta, la naviera valenciana se ahorraría el pago de más de un millón de euros. La intervención del abogado del Estado durante la vista fue muy breve. El letrado anunció que se aceptará la decisión que adopte la Sala. En esta demanda laboral ni siquiera se plantea la posibilidad de readmisión, ya que el centro de trabajo ha desaparecido, debido a que la Familia Real ha renunciado al uso de esta embarcación. La indemnización que recibirá cada uno de los tripulante va en función de los años que llevaban trabajando en el Fortuna y del puesto de responsabilidad que ocupaban en el yate. La suma más alta que se reclama alcanza los 180.000 euros. El último trabajador que se incorporó a la plantilla pide casi 55.000 euros por el despido.