­La decisión del Govern de no legalizar el alquiler turístico de las viviendas plurifamiliares ha desatado una oleada de protestas por parte de la denominada oferta complementaria. Tras la carta remitida al conseller de Turismo, Carlos Delgado, por parte del presidente de la Cámara de Comercio, Joan Gual de Torrella, en la que se pedía que no se bloqueara este tipo de comercialización de apartamentos, a esta demanda se han sumado las patronales de salas de fiestas, de atracciones turísticas y de restauración.

Los argumentos esgrimidos por todas estas organizaciones empresariales son idénticos: el alquiler turístico de las viviendas plurifamiliares es una práctica que atrae a un grupo importante de visitantes, que pueden optar por trasladar sus vacaciones a otros destinos competidores si no encuentran este producto.

En este sentido, se recuerda que además de generar beneficios para los propietarios de los inmuebles, estos turistas realizan un importante gasto en otros negocios. Hay que señalar que la Cámara de Comercio ha estimado que el turismo residencial supone un 45% del total, frente al 30% esgrimido por la Conselleria.

El problema radica en que la modificación de la ley nacional de arrendamientos urbanos deja en manos de las autonomías la regulación de los citados alquileres turísticos, y en el caso de Balears se ha optado por tratar solamente los relacionados con los chalets y con los adosados, dejando fuera de esta legalización a las viviendas plurifamiliares.

El director general de Turismo, Jaime Martínez, ya señaló que su departamento no va a actuar contra aquellos apartamentos que se alquilan de forma normal, sino solo contra los que incluyen algún tipo de servicio turístico (como limpieza, catering o transporte del cliente) y los que se comercializan por internet.

Postura empresarial

Pero estas limitaciones son tajantemente rechazadas por la oferta complementaria, según señalaron la semana pasada los presidentes de la asociación de salas de fiesta, Jesús Sánchez, y de restauración de Caeb y Pimem, Pilar Carbonell y Alfonso Robledo respectivamente, a los que se sumó ayer el de atracciones turísticas, Antonio González.

Todas estas patronales se han sumado a la reclamación del presidente cameral de que los alquileres de apartamentos también deben de regularse, para que esta actividad pueda desarrollarse aunque con las limitaciones pertinentes para garantizar la buena convivencia entre los vecinos de un inmueble, de forma que además se favorezca el que pueda aflorar una actividad que en ocasiones se desarrolla de forma opaca para la Administración tributaria.

El aspecto sobre el que se hace especial hincapié es en que hay turistas que no desean alojarse en un hotel y que prefieren una vivienda, pero cuyo presupuesto no alcanza para un chalet o un adosado, y en el riesgo de que este tipo de visitantes opte finalmente por acudir a otras zonas.

Esta postura de la oferta complementaria es compartida por el PSIB-PSOE. Su portavoz, Bel Oliver, subrayó que su partido está elaborando una propuesta para que se regulen este tipo de alquileres, que otorgue también garantías a los vecinos de que no sufrirán molestias y de que se cumplirán con las obligaciones para el mantenimiento del edificio. Bel Oliver coincidió con las citadas patronales deque se está corriendo el riesgo de que un número importante de visitantes opte por buscar otro destino para sus vacaciones.