17 de julio de 2013
17.07.2013
Corrupción en UM

Munar, acusada de contratar empleados "fantasma"

La juez considera que debe llevarse a juicio a 18 exdirigentes de UM por contratar a simpatizantes

18.07.2013 | 06:50
La juez cree que Munar y Nadal deben ser juzgados de nuevo por delitos de corrupción.
Maria Antònia Munar, expresidenta de Unió Mallorquina, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por irregularidades económicas en su gestión política en el Consell de Mallorca. Así lo sostiene la magistrada Carmen Abrines, titular del juzgado de instrucción, que da por concluida la investigación de una de las piezas del llamado caso Voltor. Se trata del caso de la contratación en la empresa pública informática CILMA, gestionada por el Consell, de los denominados trabajadores "fantasma" de Unió Mallorquina. Estos 25 afiliados o simpatizantes del partido firmaron un contrato con esta empresa del Consell, cobraban un sueldo público, pero nunca acudieron a trabajar. Se dedicaban a labores de partido, sobre todo a captar votos para las elecciones de 2007.

La magistrada no solo considera delictiva la actuación de Munar en esta trama para captar votos. También entiende que otros 17 de sus antiguos compañeros de partido están implicados en la trama delictiva. Por este motivo, la juez aprecia indicios de que se han cometido los delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude a la administración y, por primera vez, asociación ilícita. Todos ellos llevan aparejadas altas penas de prisión.

La juez que ha investigado este caso considera que en estas contrataciones ilegales intervinieron, además de Munar, dos expresidentes de UM, como fueron Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer; dos exconsellers del Govern, Mateu Cañellas y Francesc Buils; y la exconsellera del Consell y exportavoz del partido, Catalina Julve. También el auto implica a dos exdirectores generales del Govern, María José Rodríguez y Josep Lliteras. El resto de dirigentes de UM o del Consell a los que acusa la magistrada son Eugenio Losada, Coloma Castañer, Eugenia Cañellas, Lucas Colom, Pedro Mir, Susana Mas, María Esperanza Massanet, María Antonia Vidal y Antonio Moragues. En total, 18 antiguos dirigentes del partido que la juez entiende que intervinieron de una forma u otra trama ilegal, financiada con fondos públicos, que se montó para obtener un mejor resultado electoral. El auto mantiene que fue Maria Antònia Munar, como presidenta del Consell y de UM, quien tuvo la iniciativa de desviar fondos públicos para conseguir más votos. Este dinero se gestionaba a través de CILMA, el Consorcio de Informática Local, que pertenecía al Consell de Mallorca. La juez mantiene que los políticos del desaparecido partido utilizaron esta empresa pública como "una auténtica oficina de colocación". Se seleccionaban a trabajadores, todos ellos afines a UM, para que se incorporaran de manera ficticia a los proyectos que encabezaba esta empresa pública. Sin embargo, según se ha comprobado en la investigación, ninguno de estos trabajadores participó nunca en estos proyectos, ya que su labor se centraba en la captación de futuros votantes para UM.

La magistrada establece que el dinero público se desvió a través de tres proyectos que firmó Munar, como presidenta del Consell, con tres altos cargos de su partido, en concreto con Buils (que presidía el consorcio), con Catalina Julve y con Miquel Nadal. Uno de los proyectos con el que se desviaron fondos públicos se denominó Informallorca, que se impulsó para gestionar y actualizar los contenidos de una página web. Siete trabajadores fueron contratados por el consorcio, con la aprobación de distintos políticos, para que desarrollaran el proyecto. Sin embargo, se dedicaron a elaborar archivos informáticos con los datos de intención de votos, que después utilizaba el partido, o al acondicionamiento de lugares para encuentros públicos de UM. La magistrada asegura que Munar personalmente intervino en la contratación de uno de estos empleados, por ser familiar de la exlíder del partido.

El otro proyecto, gestionado a través del departamento de Cooperación Local, que presidía Catalina Julve, se denominó Eiel, que debía servir para realizar una actualización de la información sobre infraestructuras y equipamientos locales de Mallorca. Para este proyecto se contrataron a seis simpatizantes de UM, que se dedicaron a montar carpas donde intervenían los líderes del partido o para realizar visitas puerta a puerta para conocer la intención de votos, así como para confeccionar encuestas.

El tercer proyecto de colaboración entre el consorcio de informática y el Consell se denominó Mallorca Digital. Su propósito era crear un portal web para que pudieran participar los ciudadanos de Mallorca. Sin embargo, los fondos ajenos que financiaban este proyecto se dedicaron a la contratación de 17 personas del partido que se dedicaron, según afirma la juez, a captar votos, en vez de trabajar para el consorcio público de informática.

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