Acaba de ser reelegido por unanimidad juez decano de Palma, un puesto que ocupa desde octubre de 2005 y para el que fue el único candidato. "No sé si significa que nadie más se quiere embarcar en esta aventura o que realmente tengo la confianza de mis compañeros", comenta Martínez Espinosa (Palma 1956) con buen humor.

„Uno de los motivos de la huelga, a la que usted se ha sumado, es la falta de inversiones en Justicia, algo que lleva años denunciando en el caso de Balears.

„Se podría hablar de cada capítulo en lo que se refiere a medios materiales, como por ejemplo las deficiencias informáticas. Centrándonos en el núcleo de lo que me atañe, que es la plantilla de jueces, España es el país de Europa con el ratio de jueces por número de habitantes más bajo de casi todos. Tenemos 10 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media en Europa es de 20 jueces. Estamos en el furgón de cola. Francia, con un 30 por ciento más de población, tiene un 60 por ciento más de jueces que España y sin embargo su litigiosidad es un 40 por ciento menos. Aquí, a una ratio muy baja de número de jueces se añade un índice de litigiosidad tremendo. La convocatoria de plazas está paralizada y para el año que viene creo que quieren sacar 35 para toda España, lo que no cubre ni las vacantes que se produzcan de fallecimientos, jubilaciones, excedencias ...

„¿Y los jueces sustitutos interinos?.

„Ese ha sido el remate. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial supone la práctica desaparición de los mil jueces suplentes que actuaban en toda España, que representa entre el 15 y el 20 de las resoluciones que se dictan. Al final los jueces titulares, ya de por sí sobrecargados, han de asumir ese trabajo. Se está augurando el fracaso del sistema. La precariedad no puede ser más flagrante.

„¿En el caso concreto de Palma hay alguna diferencia?

„En Palma estamos igual. En jurisdicciones importantes como la civil están llegando prácticamente unos 2.000 asuntos al año por juez. Los juzgados de lo social están señalando juicios para 2015 ó 2016, con asuntos de especial sensibilidad para el ciudadano como indemnizaciones por despidos o sentencias sobre invalidez. Una persona que esta pendiente de una sentencia de invalidez durante dos años y medio, salvo que tenga la fortuna de tener familiares, amigos o medios para sobrevivir, está abocado a la indigencia. A eso, desde luego, no se le puede llamar Justicia.

„Se lo decía porque en Palma se suma la existencia de grandes casos, no sólo los relacionados con la corrupción sino juicios como el de la operación kabul, por ejemplo.

„Lo cierto es que, sin menospreciar a otros lugares, en Balears y sobre todo en Palma hay una magnitud de asuntos complejos que excede la pauta normal. Eso hace que aquí el déficit aun sea más sangrante. Es vergonzoso ver como magistrados y presidentes de secciones acaban marchándose a destinos inferiores, cansados por una carga de trabajo inasumible. Hace muchos años que solo contamos con dos secciones penales, cuando se ha producido un incremento imponente de casos. Como mínimo debería haber cuatro secciones. Es una situación a la que resulta difícil encontrar una explicación, como no sea la desidia.

„El pasado año dijo que los delitos de corrupción deberían ser castigados de modo más contundente. ¿El tiempo le ha dado la razón?

„Cuando dije aquello levantó ciertas ampollas, pero los acontecimientos posteriores han dejado claro que lo que había salido no era más que la punta del iceberg y cada vez se van sumando más voces que piden mayor contundencia, No tiene porque ser sólo en el sentido de más años de prisión, sino con medidas de toda índole que impliquen una reprobación, como por ejemplo otras vías de recuperar el quebranto económico que ha provocado el condenado o que nunca pueda volver a trabajar con la administración.

„Hay quienes consideran que los jueces no deben hacer huelga.

„No hay una legislación específica que contemple que los jueces no pueden hacer huelga, por lo que el derecho a la huelga de los ciudadanos también nos es aplicable.

„Antes hablaba del exceso de litigiosidad. Ese ha sido unos de los argumentos del ministro Gallardón para justificar las tasas judiciales.

„Tal vez así se reduzca, pero a un precio demasiado elevado. Una cosa son unas tasas que sancionen el mal uso de la Justicia y otra cosa es establecerlas de manera generalizada y por un importe desproporcionado. Más que disuasorias, lo que hacen es impedir que los ciudadanos puedan acceder a la Justicia.

„¿Por qué han añadido entre los motivos de la huelga la revisión de la Ley del Indulto?

„Una huelga, por lo general, suele ser una medida en defensa de las condiciones de trabajo. Lo que ocurre es que en esta hay un matiz atípico porque se realiza además en defensa de los intereses de los ciudadanos. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, pero lo que está ocurriendo afecta a los ciudadanos, que necesitan una Justicia que funcione. En lo que se refiere a los indultos, se trata de un derecho de gracia que es herencia de tiempos pasados ya superados. Creo que debería desaparecer o, de mantenerse, sólo aplicarse sobre casos muy justificados y concretos. Desde luego no como una gracia arbitraria del Ejecutivo.