El Obispado de Mallorca adoptó el 24 de marzo de 2011 una medida extraordinaria hasta el momento en la Iglesia isleña, "apartar de sus oficios pastorales y prohibir el ejercicio público de su ministerio" al rector de la parroquia de Can Picafort -que también ejercía como vicario de Pollença-, mosén Pere Barceló, "ante las informaciones sobre una presunta conducta irregular cometida en el pasado".
La decisión del exobispo Jesús Murgui fue fulminante y el sacerdote fue objeto de una exhaustiva investigación interna por parte de la Iglesia de Mallorca, acusado de presuntamente haber abusado sexualmente de niñas menores de edad hace más de una década en sus distintos destinos como párroco, desconociéndose por el momento si habría más víctimas en los últimos años.
El propio obispo Jesús Murgui comunicó la decisión al afectado, prohibiéndole decir misa a partir de aquel momento, tanto en Can Picafort como en cualquier otra parroquia. Barceló tampoco puede administrar sacramentos ni ejercer tareas pastorales de ninguna clase. Su actividad pública como presbítero se mantiene suspendida mientras dure la investigación, cuyo resultado con toda probabilidad tendrá que dirimir el Vaticano mediante un juicio en el tribunal eclesiástico.
El exprelado de la diócesis de Mallorca, hoy titular de Orihuela-Alicante, no tomó la drástica decisión a la ligera. Antes había conocido el testimonio de varias personas que incriminaban al exrector de Can Picafort, entre ellos uno aparecido en el documental sobre víctimas de abusos Els Monstres de casa meva, emitido en TV3 a finales de 2010. Con todo, la acusación más destacada la realizó una joven que puso en conocimiento de la asociación RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados) los supuestos abusos de que habría sido objeto por parte del clérigo Barceló. Los hechos habrían ocurrido en Cala Rajada, antes de que Barceló fuera destinado a Can Picafort, y en el ejercicio de sus responsabilidades pastorales. RANA expuso posteriormente los hechos al obispo de Mallorca y ello fue el detonante para que Murgui ordenara una investigación interna al sacerdote, hoy todavía abierta.
Beatriz Benavente, psicóloga y coordinadora de RANA relató que en su organización reciben numerosas consultas. "Un de estas personas nos explicó su caso, que tenía que ver con este cura, y por eso lo pusimos en conocimiento del Obispado. Hay que decir que la diócesis actuó de inmediato y aplicó su protocolo, cosa de la que nos congratulamos", afirmó Benavente pocos días después de que Murgui hubiera suspendido al expárroco Barceló. La coordinadora de RANA alabó la determinación del obispo de Mallorca en este caso de presuntos abusos sexuales a una menor.
A mediados de los años 90, Barceló estuvo trabajando de misionero en Burundi. Al parecer, una monja isleña ya denunció en su día a otros sacerdotes lo que consideró que era un comportamiento anómalo de Barceló con los niños en el país africano.
Cambio de actitud de la Iglesia
La Iglesia de Mallorca ha experimentado un cambio de actitud notable con estos temas, puesto que el catequista de la parroquia de Can Picafort que en 1998 denunció haber presenciado un supuesto caso de pederastia, del que él fue testigo en la rectoría, aseguró que ningún miembro de la jerarquía de la Iglesia de entonces se interesó por conocer su versión, e hizo caso omiso de su denuncia. La diócesis mantuvo a Barceló otros 13 años al frente de la parroquia de Can Picafort y supuestamente se reprendió al catequista por haber denunciado el caso primero ante la Fiscalía.
El año pasado, el exobispo de Mallorca Jesús Murgui respondió de forma fulminante ante la gravedad de las acusaciones. Decretó medidas cautelares para apartar al párroco de cualquier actividad pastoral u oficio religioso. El rector de Muro, Pere Fiol, se hace cargo de las labores religiosas de la parroquia de Can Picafort mientras se investiga el caso de los supuestos abusos de Barceló.
Murgui tuvo a su favor, para apartar al cura investigado, un cambio en la legislación canónica. El papa Benedicto XVI, a raíz de los escándalos de pederastia por parte del clero, sobre todo en Estados Unidos e Irlanda, endureció la normativa para sancionar a estos curas en el año 2010. El pontífice ordenó ´tolerancia cero´ ante la mínima sospecha de abusos por parte de un sacerdote de la Iglesia Católica.
