El Govern balear espera hacer caja con la subasta de 28 panteones valorados en su conjunto en 314.420 euros. Según informaron fuentes de la conselleria de Administraciones Públicas, las tumbas ubicadas en el cementerio de Bon Sosec proceden de embargos efectuados desde la conselleria de Hacienda debido al impago de tasas autonómicas.

“Los nichos se pueden comprar de forma independiente. El plazo para la presentación de ofertas es de 20 días naturales a partir de hoy. Casi todos se encuentran en fase de construcción, por lo que el embargo podría haberse ejecutado a un contratista”, indican desde el Govern. La valoración fijada por la Administración para cada uno de los panteones asciende a 11.450 euros.

Además de estas sepulturas, la conselleria de Administraciones Públicas licita en la misma convocatoria un piso y un garaje que pertenecían a la conselleria de Medio Ambiente. El inmueble y el aparcamiento están valorados en 194.749 euros. El piso acogió al departamento de Recursos Hídricos de la Comunidad Autónoma hasta la reorganización del Govern balear. De 100 metros cuadrados, se encuentra ubicado en la calle Jeroni Pou.

Desde principios de año, el Govern ha iniciado un proceso de venta de patrimonio con el objetivo de conseguir liquidez. A respuesta de la diputada del PSM, Joana Lluïsa Mascaró, el vicepresidente económico del Govern, José Ignacio Aguiló, detalló por escrito el pasado mes de mayo “los bienes públicos con posibilidad de venta”. Entre las propiedades susceptibles de salir a subasta figura el Hogar Balear en Madrid. Se trata de un piso y una plaza de garaje en la calle Cedaderos de la capital de España valorados en 624.992 euros. Asimismo, el listado contempla una finca rústica en Son Ferriol con construcción llamada sa Casa Nova, cuyo importe ronda los 534.000 euros. En Palma se vende un edificio de cinco plantas en la calle Salvà, donde se ubica la oficina de información y escolarización de Palma (883.314 euros). Otras dos joyas de la Comunidad Autónoma se contemplaban en la subasta, aunque finalmente el Govern balear dio marcha atrás. Se trataba de la finca pública sa Coma en Vidal, que fue adquirida por el Ejecutivo en 2002 con los fondos de la ecotasa y que costó 1,2 millones de euros y el conocido edificio del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), antiguo INEM, ubicado en la Porta del Camp y donde se registrar largas colas de parados.