"Pese a lo que diga la Conselleria, las consultas que pasaba por las tardes estaban llenas, al igual que las de mis compañeros. Simplemente los porcentajes que han dado son producto de que concentramos nuestra actividad por las mañanas".
De esta manera rebatía un médico de Atención Primaria los datos en los que se ha sustentado la conselleria de Salud para reducir el horario de los centros de salud, que a partir de ayer cerraron sus puertas a las cinco y media de la tarde cuando hasta ahora lo hacían a las nueve de la noche. Así, según estudios de frecuentación esgrimidos por la Conselleria, el 88% de las visitas programadas que se hicieron en los centros de Salud de Balears durante el pasado año se realizaron entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, hora ésta que a partir de ayer es la última en la que se puede concertar una cita previa en cualquiera de los centros sanitarios de Atención Primaria.
La normalidad también fue la tónica con el nuevo horario de los centros de salud en la que los usuarios de ayer se mostraron más preocupados por lo que tendrían que pagar en las farmacias por las medicinas recetadas que por cualquier otra cuestión.
Suspensión cautelar
De otro lado, el sindicato UGT anunció ayer que están estudiando llevar la ampliación de la jornada laboral a los tribunales para solicitar su suspensión cautelar ya que considera que suponen una clara vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores del Servei de Salut.
Estima el sindicato que la Administración no ha cumplido con el precepto legal de negociar los nuevos horarios en la Mesa Sectorial de Sanidad así como el de informar y oir a todas las juntas de personal. Más bien al contrario, denuncia UGT, los máximos dirigentes del Servei de Salut han dado instrucciones a todas las gerencias para que cada una de ellas organice los turnos laborales como crea conveniente y sin negociar con los representantes sindicales.
Este hecho ha generado un caos, afirma UGT, en el que hay hasta ocho turnos laborales diferentes por unidad y en el que se está beneficiando a algunos trabajadores por afinidades personales o políticas. UGT no descarta recurrir a la vía penal para depurar las responsabilidades de los autores de esta situación.
