La Audiencia de Palma ha condenado a 3 años de cárcel al exconseller balear de Turismo de Unió Mallorquina (UM) Francesc Buils por gratificar a un exalcalde de su partido con 15.000 euros de dinero público, en la que constituye la primera sentencia del caso Voltor de corrupción.

La Fiscalía había pedido 4 años y medio de cárcel para Buils por ordenar el pago del dinero en 2007 y 2008 al exalcalde de Sóller Antonio Arbona por unos trabajos que no se hicieron.

En realidad, estos fondos sirvieron para ganarse su apoyo y retribuirle sus labores para el partido nacionalista, que desapareció en la pasada legislatura por los numerosos casos de corrupción que le afectan.

La sentencia de la sección segunda notificada hoy condena al exconseller a la pena de cárcel por el delito de malversación, y también a otros 7 años de inhabilitación para cargo público por el de prevaricación.

Además de condenar a Buils, la Audiencia ha impuesto una pena de 1 año de cárcel a Arbona, sustituible por multa; 1 año y medio (también sustituible por multa) a Antonio Oliver, exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), el organismo que pagó; y 4 años y medio a Antonio Rebassa, jefe del departamento responsable de la contratación.

Oliver y Arbona confesaron los hechos en el juicio, por lo que se les ha aplicado las atenuantes de confesión y colaboración, y en el caso del último también la de reparación del daño, ya que devolvió los 15.000 euros recibidos.

La resolución considera probado que Buils ordenó de manera "ilegal y arbitraria" el pago de los 15.000 euros a Arbona "con la finalidad de ganarse su fidelidad", puesto que se iba a celebrar un congreso de UM en 2007 con el partido muy dividido, después de que Maria Antònia Munar anunciara su retirada de la política.

Buils quería que el exalcalde, como socio fundador y con poder en su municipio, "influyera positivamente a su favor" y además pretendía pagarle varios actos de UM que organizó en un hotel de su propiedad, para lo que decidió "compensarle y favorecerle" con los fondos públicos.

Para ello, ordenó al exvicepresidente de Inestur Santiago Balaguer, que no estaba acusado en el juicio pero para quien la Audiencia ha ordenado que se abra una investigación, que se diera el dinero al exalcalde en dos tandas, para poderlo otorgar directamente y evitar tener que sacar la contratación a concurso.

Así, en 2007 se le pagaron 3.000 euros justificados con una factura que ni siquiera elaboró Arbona, sino un empleado de Inestur, y que no correspondía a ningún servicio.

El segundo pago se hizo mediante un contrato directo de 12.000 euros (cantidad máxima para este tipo de contrataciones) para un asesoramiento de senderismo en la Sierra de Tramuntana, trabajo que Arbona nunca realizó y que se plasmó en un desplegable hecho por los propios trabajadores del Inestur y del que no hay constancia que tuviera utilidad.

Según la Audiencia, "en absoluto se acreditaba que la formación y preparación de Antonio Arbona fuera la idónea para ese trabajo, ya que únicamente disponía de un carné de guía turístico".

La sentencia reconoce que cuando se pagó a Arbona este contrato, Buils ya no era conseller (le sustituyó otro miembro de UM, Miquel Nadal), por lo que le condena por un sólo delito de malversación y prevaricación -el de la factura de 3.000 euros-, pero destaca que él ordenó el pago y que no hizo nada para impedir que se abonara y tiene en cuenta estos hechos para aplicarle la pena mayor.

Buils es el sexto político de primera fila condenado en Baleares desde que se destaparan los casos de corrupción de las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011, además del expresidente Jaume Matas (PP), el ex director general del Territorio Jaume Massot (PP), el exconseller de Territorio de Mallorca Bartomeu Vicens (UM), el exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) y el exjefe de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos (PP).