"El Govern ha creado un problema donde no lo había". Con esas palabras Vicenç Thomàs, exconseller de Sanidad y actual portavoz socialista, exigía ayer al Ejecutivo de José Ramón Bauzá que rectifique las circulares con las que está excluyendo a cientos de inmigrantes sin recursos de la sanidad pública. Es el efecto directo de un mínimo cambio burocrático aplicado por el PP, que antes de dar la tarjeta sanitaria de último recurso exige la entrega de un certificado con el que se acredite que de verdad se vive una situación de pobreza.
Ese trámite es muy simple para los españoles y para los inmigrantes de los que hay que datos en Hacienda, pero no tanto para los extranjeros de los que no hay información completa, que han de pedir ese certificado a sus países de origen. Allí empiezan los problemas: en gobiernos de África, Asia y América carecen de los mínimos resortes burocráticos para expedir un documento así, toda vez que en algunos de estos estados no tienen ni censo. El resultado es que se le pide al inmigrante que cubra un trámite que no puede cubrir, hecho que le excluye de la sanidad , pese a llevar en muchos casos años viviendo y cotizando en Mallorca.
Para evitarlo, el exconseller Thomàs recomienda retirar las circulares que acabaron con el modelo que implantó su Govern: aceptar una declaración jurada de estos inmigrantes y darles atención sanitaria. "La salud es un derecho. Todos estos inmigrantes son ciudadanos a los que invitamos a venir aquí a trabajar porque los necesitábamos. Muchos de ellos, como los nacionales, están pasando una situación extrema por la crisis. Se les está negando la sanidad por un problema creado por el Govern, que tiene riesgo: son personas que comparten a veces viviendas con poco espacio, en condiciones duras, por lo que si se les excluye de la sanidad jugamos con fuego, nos arriesgamos a generar focos de enfermedad y problemas serios. Por no hablar ya de la barbaridad de casos en los que se hace que el padre sin recursos se comprometa a pagar antes de que se atienda a su hijo", recalca.
Los nacionales, afectados
Y lo mismo explicaban los portavoces de PSM-Entesa, Biel Barceló y Fina Santiago, que de hecho ofrecen otra alternativa: que el propio Govern haga una evaluación social de cada familia de inmigrantes en esta situación. "Lo que ha hecho este Govern es muy poco inteligente: es un error grave para la salud pública, porque estás provocando que los inmigrantes intenten evitar al máximo ir a los centros de salud, con lo que contribuyes a generar focos de enfermedad", reflexiona Santiago, que lamenta especialmente la situación que durante meses (hasta que el Govern se rectificó a sí mismo) han vivido niños y embarazadas, a los que por ley hay que dar siempre atención, lo mismo que los pacientes urgentes. "Excluyéndolos provocas que el inmigrante vaya a Urgencias, donde la atención es más cara. Es todo poco inteligente", recalca Santiago.
En PSM advierten además de que una situación similar está dándose con nacionales. Algunos centros de salud, explican, ponen trabas para atender a familias que no cotizan ya a la Seguridad Social tras haber agotado todos sus miembros el subsidio de paro, por lo que deben pedir la atención por razones de urgencia económica. Se obliga así a las familias a afrontar un trámite que desde el 1 de enero ya no es obligatorio, por la entrada en vigor de una nueva ley de salud. Por eso Santiago pide que se envíe a los centros de salud una circular en la que se exija atención para todas las personas con pasaporte español, como recoge además una moción que se debatirá hoy en el Parlament.
