El conseller de Presidencia, Antonio Gómez, reconoció ayer que su nombramiento como director general de IB3 "no es normal". En una entrevista concedida a Radio Nacional de España en Balears, el dirigente popular confió en que un acuerdo con los partidos de la oposición resuelva esta situación de interinidad.

Gómez abogó por "redefinir el modelo audiovisual" de las islas y defendió que el ente adopte un "enfoque más regionalista: tiene que hablar de temas de aquí y no de cuestiones extracomunitarias". Preguntado por si cabe la posibilidad de que algunos programas de la nueva parrilla sean en castellano, el conseller de Presidencia reconoció que "puede ser". A su juicio, "la realidad de la calle tiene que ser también la que haya en los medios de comunicación".

Respecto a la inversión pública en el ente, confirmó que debe funcionar con la mitad del presupuesto actual: "Lo ideal sería 30 millones de euros", apuntó.

Antoni Gómez hizo estas declaraciones antes de visitar la sede de IB3 Televisión, en el polígono de Son Bugadelles en Calvià, donde fue recibido por el ex director general Pedro Terrasa, quien le presentó al equipo directivo y al comité de dirección, integrado por Dani Bagur, Nekane Domblás, Jacobo Palazón, Jaume Grau y Magdalena Pascual. Gómez se reunió con estos dos órganos para explicarles, a grandes rasgos, lo que será su gestión del ente. El consejero manifestó la voluntad de ejercer las competencias del director general "el menor tiempo posible", ya que se trata de una situación "anómala", y apeló al consenso con los diferentes grupos parlamentarios para encontrar un nuevo director general tan pronto como se pueda. Durante el encuentro, insistió en que él "no es el director de IB3, aunque asumo sus funciones debido a la dimisión de Pedro Terrasa", aseveró.

El pasado martes, el diputado socialista Antonio Diéguez denunció que el decreto ley del Govern que nombra director general de IB3 al conseller de Presidencia es "claramente inconstitucional", por lo que pidió al presidente José Ramón Bauzá que lo retire y consensúe esta designación. De lo contrario, recurrirían al Tribunal Constitucional.