"El lema bajo el que se regía el grupo (de dirigentes de la conselleria de Industria en el anterior Govern del PP y empresarios proveedores de dicha Administración) era el de cuanta más facturación, más comisión; la puesta en práctica de ese lema provocó que el CDEIB (el consorcio público dedicado al comercio exterior y a la promoción industrial) se viera obligado durante esos cuatro años a desarrollar una actividad frenética, organizando su asistencia a todas las ferias y eventos inimaginables, así como la contratación de cientos de estudios e informes, cuyo contenido era inútil a efectos del interés público", sostiene la fiscalía anticorrupción en su escrito de hechos delictivos redactado para el caso Scala.

La fiscalía, y la acusación particular en nombre del actual Govern, ejercida por la letrada María Ángeles Berrocal, no se reprimen a la hora de calificar a los principales encausados, con el ex conseller de Comercio Josep Juan Cardona, a la cabeza, de "una asociación ilícita dedicada a apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos que tenían a su disposición por razón de su cargo".

Las acusaciones hablan, sin tapujos, de "creación de una estructura jerárquica y perfectamente organizada"; diseño que permitió "el saqueo sistemático de las arcas públicas". El presunto botín ascendió a 3,7 millones de euros; los acusados causaron, presuntamente, otro quebranto de 3,3 millones de euros de los sobrecostes que el Govern tuvo que pagar por sobrasadas, quesos y otros productos con denominación de origen, así como por todo tipo de servicios contratados a las empresas del entramado. En total, 7 millones de euros.

Un sitio idóneo para expoliar

Cardona "ocupó la posición de líder o jefe director de la presunta trama. El ex presidente del PP de Eivissa "impartió las instrucciones a sus subordinados"; "se ocupó como conseller de Comercio de nutrir económicamente al CDEIB de fondos públicos, mediante el trasvase de dinero de la propia conselleria o desde del Instituto de Innovación Empresarial (IDI)".

Para las acusaciones, la banda de saqueadores escogió el CDEIB para enriquecerse porque su actividad como organizadora de ferias y otros eventos promocionales "era idónea para enmascarar el continuo y sistemático desvío de fondos públicos". Además, no había "controles previos administrativos, ni financieros sobre la gestión de ese consorcio público", que recibió en la pasada legislatura unos 25 millones de euros. Eso les dio una sensación de "total impunidad", que les llevó a no tratar de maquillar sus fechorías.

Antònia Ordinas, la directora- del CDEIB, fue una especie de "gerente" de la presunta trama de malversadores. Ordinas se dedicó con gran aplicación a controlar al escalón inferior: el de los proveedores y testaferros, y al cobro y reparto de los cohechos (comisiones). Kurt Viaene es acusado de ser la mano derecha de Cardona y transmitir sus órdenes. Felip Ferré, ex edil del PP de Lloseta y sobrino político del entonces president del Govern Jaume Matas, fue uno de los socios en las empresas tapadera. Las andanzas de este ex empresario de éxito llenan muchos de los 175 folios del escrito. Los otros 17 imputados que presumiblemente se sentarán en el banquillo son: Arnaldus Van den Hurk, socio de Ferré; Isabel Rosselló, esposa de Ordinas; Jaime Fernández Abad; Joan Rosselló; Francisco García Cerrato; S.P.J. ; Jaume Gil; Manuel Saez Vidal; Pedro Veny; Juan Simonet; Antoni Vicens;Antonio Munar y Francisco Mauri. La fiscalía exculpa a José Manuel Alcaraz, el líder del PP en Formentera.