La sala de refuerzo de la Audiencia de Palma dictó ayer un auto en el que rechaza anular las escuchas telefónicas al ex president del Govern del PP Jaume Matas, efectuadas por la Guardia Civil entre octubre del 2009 y marzo del 2010 con autorización del juez Castro. El tribunal rechaza que estos pinchazos telefónicos sean comparables a los ordenados por el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a imputados y abogados del caso Gürtel, otra presunta trama de corrupción.
Rafael Perera y Manuel Ollé Sesé, letrados de Matas, pidieron a la Audiencia que anulase como pruebas las cintas con varias conversaciones telefónicas de Matas, su esposa Maite Areal; su cuñado, Fernando Areal; y su amigo, y presunto testaferro, Bartolomé Reus.
Según la fiscalía anticorrupción, las defensas pretendían invalidar un gran número de actuaciones, incluido el auto de medidas cautelares donde se decretó la fianza de 3 millones para Matas.
Básicamente, el recurso desestimado alegaba que los pinchazos telefónicos no estaban justificados y habían vulnerado el derecho de defensa de los imputados al haberse intervenido conversaciones entre abogados y clientes.
Las defensas cuestionaron así mismo el auto de Castro donde autorizó las primeras escuchas. También mantuvieron que, frente al derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones recogido en el artículo 18,3 de la Constitución española, la Ley de Enjuiciamiento Criminal era poco consistente y concreta, por lo que los pinchazos telefónicos fundamentados en ella serían ilegítimos.
El tribunal rechaza de plano el que el juzgado de instrucción 3 de Palma interviniera los teléfonos de alguno de los abogados personados en la causa del Palma Arena.
Las escuchas se practicaron sobre teléfonos de varios imputados y apenas se intervinieron unas pocas conversaciones de ellos con uno de los abogados de Matas. La sala destaca también que en esas conversaciones no se habló sobre la estrategia de defensa, con lo que no se vulneró derecho constitucional alguno.
Los abogados del ex president querían equiparar los pinchazos del caso Palma Arena con las intervenciones de los teléfonos de algunos abogados del sumario de Gürtel. Garzón se sentará en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo por intervenir conversaciones de defensores e imputados en los locutorios de la cárcel.
El Tribunal Supremo dio hace unos días la razón al abogado Ignacio Peláez, ex fiscal en Palma y uno de los defensores en la trama de corrupción vinculada al PP y que se querelló contra Garzón por los delitos de prevaricación y contra la garantías constitucionales. Según un auto del Tribunal Supremo, cuando Garzón autorizó la grabación de las conversaciones que los cabecillas de la red mantuvieron en la cárcel con sus letrados "laminó el derecho fundamental de defensa" y "lesionó uno de los principios básicos del sistema procesal penal, retrotrayéndonos a un estatus procesal anterior al Estado de derecho".
La Audiencia de Palma no ve comparables ambos supuestos y en su auto de ayer legitima plenamente la oportunidad procesal y el alcance de los pinchazos a que fue sometido Jaume Matas.
