La fiscalía anticorrupción puso ayer en marcha la operación Bomsai, contra una supuesta trama de corrupción en torno a la empresa pública Caib Patrimoni S.A. durante la pasada legislatura. Anoche ya había cuatro arrestados, el ex consejero delegado y el ex director gerente de Caib Patrimoni, Jorge Sainz de Baranda y Jaume Vidal Ladaria, y dos empresarios, y no se descartaban nuevos arrestos. Sainz de Baranda fue director general de Tributos en la pasada legislatura, a las órdenes del conseller Lluís Ramis de Ayreflor.
La operación Bomsai versa sobre presuntos desvíos de fondos públicos, cobro de comisiones, y otros delitos. La fiscalía anticorrupción presentó hace unos días una querella que correspondió, por reparto, al juzgado de instrucción 1. En principio el caso se halla bajo secreto sumarial.
El operativo tuvo que adelantarse ayer tras conocer los investigadores que se habían producido filtraciones sobre los hechos y objetivos, lo que ponía en peligro el éxito de las pesquisas.
600.000 euros
De lo que trascendió ayer, la fiscalía anticorrupción sospecha que con ocasión de varios contratos y expedientes adjudicados por Caib Patrimoni, una sociedad pública dedicada a la promoción inmobiliaria, pudieron perpetrarse malversaciones de caudales, cohechos y otros delitos. Entre las operaciones inmobiliarias más destacadas se hallan la construcción del nuevo cuartel central de los Bomberos de Palma y de la sede de la conselleria de Salud. Estas obras se hicieron por un sistema de ´peaje en la sombra´.
A Sainz de Baranda, cuyo despacho profesional como abogado fue registrado por la tarde, se le atribuye el haber autorizado el pago de unos 600.000 euros de fondos públicos a la empresa Atlas Capital Close Brothers, para que ésta confeccionase el pliego de condiciones de concursos millonarios de cara a los concursos para los mencionados edificios.
Fuentes próximas al caso, calificaron a Atlas como una especie de broker o fondo de inversión. Ahora se trata de esclarecer si se cometió algún tipo de irregularidad. Los investigadores sospechan también que algunos de los adjudicatarios de estos contratos millonarios pudieron haber pagado sobornos.
Jaume Matas se ha convertido en una suerte de anti Rey Midas. Todo lo que ordenó en la pasada legislatura pierde brillo y gana en sospecha. Los últimos emblemas urbanísticos en perder color son el nuevo parque de bomberos de Palma, levantado junto a la Vía de Cintura, y la futura sede de la conselleria de Salud, en el Camí de Jesús.
Sorpresas en el cuartel
La Justicia rastrea ahora un supuesto entramado corrupto en torno a la empresa pública Caib Patrimoni, dependiente de la conselleria de Economía y Hacienda, encargada de la adquisición, venta, y explotación de bienes inmuebles públicos como los de la conselleria de Salud y los Bomberos de Palma. Como ha ocurrido en otros casos similares, sobre el proceso de adjudicación y construcción sobrevuelan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y prevaricación.
Las obras del nuevo parque de bomberos, dispuesto en el solar de 10.000 metros cuadrados de Son Malferit, arrancaron en marzo de 2007, a escasas fechas de las elecciones autonómicas y municipales. Cuando el Gobierno municipal de Aina Calvo accedió al poder, se topó con una verdadera caja de sorpresas. El proyecto incluía gastos suntuosos en muebles y decoración, pero carecía de servicios básicos para los profesionales, como un almacén en condiciones o una galería de entrenamiento. Por ejemplo, el revestimiento del salón de actos del edificio, integrado por una compleja malla de acero con láminas de aluminio, costó 600 euros el metro cuadrado. Algunas sillas, como la destinada al despacho del concejal, rondaba los 4.000 euros.
Una vez concluido, el complejo costará al Ayuntamiento palmesano tres veces más de lo presupuestado. El anterior Govern del PP, a través de la sociedad Caib Patrimoni S.A, adjudicó las obras y el mantenimiento del edificio a la unión temporal de empresas constituida por Gerens Management Group, Constructora San José, Estel Ingeniería, Gestión de Proyectos Balear y Llabrés Feliu por un total de 20,6 millones de euros de inversión inicial. Anoche continuaba el registro de la sede de Llabrés Feliu, en Son Fuster. Antes se había requisado documentación en Gestión de Proyectos, ubicada en Gran Vía Asima.
Cuando el cuartel esté concluido será alquilado a Cort, que deberá pagar en los próximos treinta años un mínimo de 2,1 millones de euros, más IVA, anuales. Al final, las instalaciones revertirán a Cort pero para entonces ya habrá abonado más de 60 millones de euros mas los intereses, una financiación denominada ´peaje en sombra´. A la presentación del proyecto, ideado por los arquitectos Sebastià Escanellas, Jordi Herrero, Gabriel Palmer y Joan Gabriel Valls, asistieron, en septiembre de 2006, los entonces conseller de Economía, Lluís Ramis d´Ayreflor; la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Álvaro Gijón. Cuando el consejo de administración de Caib Patrimoni se reunía para acordar la adjudicación de este y otros expedientes, Lluís Ramis d´Ayreflor ejercía de presidente.
A día de hoy el Ayuntamiento todavía no ha recepcionado el parque debido a las deficiencias detectadas. Entre estos desperfectos destacan varias placas metálicas de la fachada que se cayeron durante un vendaval del año pasado.
La otra iniciativa urbanística se gestó en septiembre de 2005. Ramis d´Ayreflor y la otrora consellera de Salud, Aina Castillo, presentaron por aquellas fechas la maqueta de la nueva sede de este último departamento, en el Camí de Jesús, con una superficie de 6.275 metros cuadrados. El equipo de arquitectos encabezado por Boris Pena Cobian fue elegido unánimente por el jurado. La adjudicación de las obras y la gestión de las instalaciones recayó en las empresas Sampol Ingeniería y Brues y Fernández. Como en el anterior caso, se eligió el sistema de financiación de ´peaje en la sombra´. El presupuesto inicial rondó los seis millones de euros a desembolsar en 30 años, al margen de los intereses.
Caso Eivissa Centre
Una de las empresas elegidas, Brues, está siendo investigada por el presunto pago de 1,5 millones en comisiones ilegales al PSOE y al PP de Eivissa por la concesión del gran proyecto urbanístico denominado Eivissa Centre. Este supuesto caso de corrupción fue destapado por el ex secretario general de la Federación Socialista Pitiusa, Roque López, quien acusó al actual presidente del Consell de Eivissa, Xicu Tarrés, de conocer los entresijos.
Con el edificio de la conselleria de Salud, el Govern del PP inició un plan para la construcción de nuevas sedes para varias conselleries. Ramis d´Ayreflor justificó estas inversiones alegando que la dispersión de las oficinas autonómicas provocaba un incremento de gastos para su disfrute y mantenimiento.
