Saben cuándo llamas por teléfono. Y a quién. Saben dónde trabajas. Y cuánto cobras. Saben qué ves cuando vas al cine y con qué frecuencia pasas por taquilla. Han medido tus compras y las han transformado en índices. Saben qué coche usas, cuánto te costó y cuántas veces te han pillado con el acelerador demasiado exprimido por una autopista. Saben tu nombre, tu apellido y tu dirección. Te han asignado un puñado de números: uno para identificarte, otro para controlar tu actividad laboral y unos cuantos más para custodiar tus ingresos y tus bienes. Y para vigilarlos. Saben incluso lo que comes y bebes o con qué frecuencia sueles hacer el amor, y lo han convertido en estadísticas, medias y ratios. Saben cuántos hijos tienes y a qué colegios van. También saben los días que van. Y además los ven. Te ven. Nos ven: solo en Mallorca más de 7.000 videocámaras te vigilan a diario.

La mayoría son ojos inofensivos. O tan inofensivos como los técnicos, registros, encuestadores, funcionarios, analistas y trabajadores de de empresas de toda laya que recogen, procesan y estudian los datos privados citados hasta ahora. Tanto cámaras como humanos están controlados. Los supervisa la Agencia de Protección de Datos, encargada de velar por el uso legal y justificado de dispositivos de grabación y vigilancia. También se someten a la tutela gubernamental. Se encarga la Dirección General de la Policía, que no lleva un registro pero "controla y autoriza el trabajo de las empresas de seguridad". Por eso los dispositivos que más confianza generan son las 6.000 videocámaras instaladas en la isla por una docena de empresas de vigilancia privada. El dato lo ofrecen en la patronal del sector en Balears, en la que subrayan que en la isla hay 60.000 alarmas instaladas. Aunque recalcan que el uso de cámaras está perfectamente regulado. "Siempre que una empresa de seguridad privada utiliza una cámara lo señala con carteles muy visibles que avisan de ello. Además, el dispositivo se tiene que registrar en la Agencia de Protección de Datos. También estamos supervisados por la Delegación de Gobierno. Y luego hay una regla básica: salvo en servicios muy concretos contratados, como son las rondas de videovigilancia, las cámaras no se activan hasta que una alarma detecta alguna una amenaza para la seguridad. Tenemos protocolos muy estrictos que cumplimos a rajatabla para ceñirlos a la ley", relata Joaquín Juan, director comercial de la empresa de seguridad con más solera de Mallorca, Trablisa, una compañía que acapara tres cuartas partes del mercado balear. Sus placas de aviso pueden verse en casi todas las calles de Palma. El nombre de la agencia, su teléfono y la advertencia de que se está filmando preside la entrada de comercios, bancos, portales de casas, garajes, edificios de servicios públicos y urbanizaciones. "Nunca apuntan a la vía pública. Solo se vigilan los accesos o espacios interiores", matiza Joaquín Juan.

Espías sin control

Otra cosa son las cámaras IP. Con ellas las cifras se difuminan y las garantías para el ciudadano se pierden. Están por todas partes. Son accesibles desde páginas web y en la inmensa mayoría de casos no están autorizadas por la Agencia de Protección de Datos. Las venden en tiendas de informática, por lo que no están expuestas al escrutinio de las Fuerzas de Seguridad. Algunas, pocas, están autorizadas (el Ayuntamiento de Palma tiene una veintena, accesibles para el gran público desde la web municipal), pero el grueso de ellas miran sin que nadie las vea. "No son sistemas de seguridad. Para eso estamos las empresas de seguridad, con protocolos reglados. Cualquier tienda de informática las ofrece y dan otro tipo de servicio. Pero hay que tener claro que no es lo mismo", subraya el responsable comercial de Trablisa. Y lo confirman las tiendas de informática: cuando venden una cámara IP a cualquier usuario no tienen obligación alguna de identificarlo ni de advertirle sobre los usos vetados por la Agencia de Protección de Datos. La mayoría son inofensivas, aseguran: se utilizan para que los padres vigilen a su bebé, para contactos personales a través de web, para promocionar un negocio o incluso para observar animales en la naturaleza.

En Mallorca hay cientos, probablemente miles, especulan en empresas de seguridad e informática. Pero nadie sabe cuántas son. Aunque está claro que son. Y abundan. Hagan la prueba: basta teclear "webcam" y "Palma" o "Mallorca" en un buscador de Internet para acceder en tiempo real. Apuntan a calles, plazas y parques. También a playas y calas (y a quienes en ellas se tienden, claro). No faltan tampoco discotecas, hoteles, cafés y terrazas de todo pelo. "Se venden muchas, pero yo no sé para qué", ratifica el dueño de una tienda de informática de Palma, que desconoce la legislación hasta tal punto que pide no ser identificado. "No vayamos a tener un lío", se justifica, ignorante de que la venta de una cámara IP no le puede acarrear ningún problema legal.

Sí conocen la ley en las administraciones públicas, usuarios masivos de dispositivos de vigilancia y seguimiento con videocámaras. Por una parte, las emplean del mismo modo que las empresas privadas: para blindar los accesos a sus edificios y garantizar la seguridad de las instalaciones cuando están vacías. De hecho, ese servicio suele estar en manos de las propias empresas de vigilancia privada, que colaboran con ayuntamientos, consellerias, estaciones, puertos y aeropuertos. La premisa es la misma: la grabación solo se activa cuando salta una alarma.

Otra cosa son los dispositivos de seguimiento, muy comunes en las salas de control del tráfico. Aquí el ojo indiscreto está supervisado por funcionarios, que aseguran que nunca se graba a los vehículos con intención sancionadora o pretensiones policiales. "Cada uno a lo suyo. Somos trece personas controlando el tráfico de Palma. Somos ingenieros e informáticos. También hay dos policías locales, pero la labor de todos se centra en el tráfico. Las cámaras pueden grabar pero no graban. Solo las usamos para ver dónde hay problemas y manejar la red semafórica, y alguna vez para hacer estudios de movilidad. Y cuando algún vecino se ha preocupado por que una cámara pudiese invadir su intimidad, hemos colocado pantallas para taparle y tranquilizarle ", asegura tajante Fernando Rodríguez, jefe de la unidad de control del tráfico del Ayuntamiento de Palma. Ante sus ojos, 40 monitores le ofrecen las imágenes captadas por 58 videocámaras de toda la ciudad. Allí se ven los atascos que hay y los que están por venir. También contemplan todo tipo de cafradas. "Hace un rato observaron a un chaval en monopatín en dirección contraria por el centro de una vía de dos carriles", comenta como anécdota una portavoz de Movilidad, que insiste: ni siquiera cuando asisten a infracciones las sancionan. Ni es su función, ni les da tiempo: ante sus ojos desfilan cada día los 800.000 coches que se mueven por Palma.

Pero no siempre ha sido así. Hubo un tiempo en el que se firmaron sanciones desde la sala de control de tráfico. Ahora la actividad policial, según aseguran en la policía local, se limita a una mínima colaboración cuando las cámaras pueden ayudar a evitar un delito o a detener a un delincuente. "No es ni mucho menos habitual", remarca. De hecho, los únicos dispositivos para perseguir la delincuencia están en Playa de Palma: se trata de tres cámaras que sí graban. Se instalaron hace cinco años pero no empezaron a captar imágenes hasta julio de 2008. Desde entonces, vigilan la actividad en la zona. Y funcionan: "Es como tener un policía sobrevolando la zona –destacan en la policía local–. Tienen función disuasoria y han servido para grabar unos cuantos delitos". Claro que también observan a ciudadanos inocentes, como los otros 7.000 ojos digitales legales y los miles de dispositivos espía clandestino que nos vigilan. Aunque lo hacen por nuestro bien (o eso dicen).