La aprobación del primer Sistema Institucional de Protección (SIP) por parte del Banco de España el pasado 11 de diciembre para la integración de Cajamar, Caja Campo, Caja Rural de Casinos y Caixa Abalat marcó el pistoletazo de salida de esta fórmula en el país.
El objetivo de los SIP, que tienen sus orígenes en la legislación comunitaria, es consolidar la solvencia de las entidades que los conforman. Aunque la norma no habla explícitamente de consolidación de los balances, sí pide que, al menos una vez, al año, el grupo resultante prepare un informe con éstos, las cuentas y los estados financieros agregados.
En los últimos meses la moda de los SIP se ha extendido a las cajas de ahorros, que han visto en este instrumento una fórmula para eludir los obstáculos de naturaleza política a las fusiones, sobre todo las que se produzcan entre comunidades autónomas diferentes.
El uso de los SIP para avanzar en la integración de las cajas ha provocado muchas polémicas, sobre todo en lo que hace relación a la naturaleza jurídica de la sociedad a través de la cual se instrumenta la alianza.
El problema lisa y llanamente consiste en que las cajas no quieren que se sustancie como un banco y reclaman que se modifique la ley sectorial para recoger la figura de una caja de cajas al estilo de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).
En los órganos de gobierno de las entidades resultantes de los procesos de integración entre cajas deberían estar representados presidentes y directores generales de las entidades respectivas que conformen el SIP, dejando fuera a los políticos.
El presidente de la CECA, Juan Ramón Quintas, ya lanzó un aviso a navegantes recientemente al afirmar que espera que el Gobierno modifique la ley sectorial ya que resultaría absurdo que las cajas que realicen una integración de esta índole tuvieran que hacerlo mediante un banco o una financiera.
Otro aspecto que suscita dudas es si estos procesos de integración suponen una reestructuración suficiente como para que las cajas puedan solicitar dinero al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El Banco de España ha dejado claro que, cuando hay petición de dinero público, el proceso de integración tiene que ser irreversible. Caja de Ahorros de Navarra y CajaCanarias no pidieron estos fondos en su unión aunque algunas cajas que comienzan a constituir SIP afirman que se trata del primer paso hacia una fusión real.
