La instrucción del caso Bitel, la presunta trama de corrupción en torno a la empresa pública de servicios telemáticos en la etapa del anterior Govern del PP, no ha salpicado, finalmente, a antiguos cargos políticos de más rango que Damià Vidal, gerente de dicha sociedad entre 2003 y 2007.

Anticorrupción destacó en su querella que, desde el 18 de julio del 2003, Bitel quedó adscrita a la conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, departamento que fiscalizaba la empresa a través de la junta general de accionistas y el consejo de Administración. El conseller de Economía era Lluís Ramis de Ayreflor, que también era presidente del consejo de administración de Bitel.

Bitel adquirió fama en el año 2000 cuando el primer Govern de Francesc Antich denunció ante los juzgados el pinchazo del correo electrónico del desaparecido dirigente socialista Francesc Quetglas, entre 1998 y 1999. Damiá Vidal fue contratado por Jaume Matas para hacer un informe pericial en esa causa, que resultó clave para exculpar al dirigente del PP.

Matas, cuando recuperó el Govern en 2003, escogió a su antiguo perito para dirigir la empresa Bitel.

Los investigadores sospechaban que algunos integrantes del consejo de Administración de Bitel podían tener responsabilidad en los hechos por haberlos tolerado o no fiscalizar adecuadamente la gestión de Vidal. De hecho el secretario del consejo figura como imputado desde la interposición de la querella inicial.

La cuenta de Vidal

De hecho, en la contabilidad oficial de la empresa pública había una partida para anotar las salidas de dinero en efectivo que hacía el gerente para sus gastos particulares. Vidal justificó estas extracciones de fondos como si fueran adelantos de su salario, que luego iba reintegrando.

Miguel Simonet, el ex jefe de contabilidad de la empresa y defendido por Gaspar Oliver, señaló que el consejo de administración sabía de la existencia de esta partida para los gastos del gerente.

Sin embargo, el caso no ha salpicado procesalmente a ningún ex alto cargo de la conselleria de Economía y Hacienda.

Por otro lado, algunas de las defensas personadas en el caso Bitel-2 cuestionan que dicha empresa fuera una entidad pública cuando se cometieron los presuntos delitos en la pasada legislatura. Según dicha tesis, no se podría acusar a los principales encausados ni de malversación, ni de cohecho.