12 de agosto de 2009
12.08.2009

Al edil del PP se le rebajó la fianza para que no fuera a prisión

12.08.2009 | 00:37
Dentro del mal trago que pasó el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma durante su arresto por el caso Palma Arena, tuvo algo de suerte frente a otros de sus compañeros detenidos. Rafael Durán se enfrentaba la madrugada del domingo al pago de una fianza de 50.000 euros si quería eludir la prisión provisional decretada por el magistrado José Castro. Sin embargo, alegó que no podía hacer frente a esta cantidad, por lo que los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán aceptaron rebajársela a 15.000 euros.
Según ha podido saber este diario de fuentes del caso, después de declarar ante el juez los cinco detenidos dentro de la operación Espada, hubo una pequeña negociación informal entre los abogados y los fiscales que habían participado en el interrogatorio. Éstos tenían previsto solicitar al magistrado el pago de 50.000 euros para los tres principales acusados de desviar dinero público de la construcción del velódromo a fines privados: el propio Durán; el ex director general de Deportes del anterior Govern del PP, José Luis Ballester (Pepote); y el ex director-gerente del consorcio encargado de la obra, Jorge Moisés. Pero finalmente, sólo los dos últimos tuvieron que abonar dicha suma.
Y es que el letrado que defendía a Durán, José Ramón Orta, rogó a los fiscales que no impusieran tal cantidad a su cliente, arguyendo que no disponía de tanto dinero. El propio abogado informó al Ministerio Público de que el concejal del PP sólo podía hacer frente como máximo al abono de unos 15.000 euros, cifra que finalmente Anticorrupción aceptó solicitar, pues se pretendía evitar que fuera el único de los arrestados que ingresara en la cárcel. La misma aquiescencia mostró el magistrado que instruye la investigación, que terminó por exigir dicha cuantía en su auto de prisión provisional y comunicada.
Pese a esta rebaja, el juez considera que "existen vehementes indicios" de que el edil Durán cometió "delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y falsedades documentales" en torno a la construcción del Palma Arena, al mismo nivel que Pepote o Moisés, quien por cierto tuvo que pagar la fianza "integramente con los ahorros de toda la vida" de su madre, según afirmó su abogado, Gaspar Oliver, en el momento de depositarla.
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