Otro caso de presunta corrupción, y van... De un tiempo a esta parte, en el PP balear no ganan para sustos. Nada más circular ayer las primeras noticias sobre las detenciones, los teléfonos móviles de los jerifaltes del partido empezaron a sonar sin descanso.

El escándalo de Turismo Joven se suma a un serial más que considerable y que sin duda puede hacer mella en la imagen que tiene la ciudadanía, y especialmente el electorado, de los conservadores.

· Caso Andratx. La imagen de la salida de la casa consistorial del ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, custodiado y con las manos esposadas permanece aún en muchas retinas. El político fue detenido junto al ex celador municipal de obras, Jaume Gibert, y el anterior director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot. Les acusan de haber urdido una trama de corrupción urbanística, y ya ha habido un primer juicio de los muchos que vendrán, con condenas firmes y ejemplares.

· Bitel 2. Anticorrupción se ha querellado contra el ex gerente de la empresa pública Bitel, Damià Vidal, por haberse apropiado presuntamente de unos 500.000 euros de fondos públicos para usos particulares. Vidal era un hombre de la máxima confianza del ex presidente Jaume Matas, y está ahora a la espera de juicio.

· Caso Caballistas. Un total de once cargos del PP balear en la pasada legislatura, en su mayoría alcaldes, están imputados por haber falsificado certificados con el objetivo de legalizar una vivienda del ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal. Tampoco en este caso se ha celebrado juicio aún.

· Rodrigo de Santos. El que fuera el máximo responsable del Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, fue descubierto habiéndose gastado unos 59.000 euros de una tarjeta de crédito del Ayuntamiento en locales de alterne, donde alternaba los contactos sexuales de pago con el consumo de cocaína. Ahora mismo está en prisión preventiva acusado además de haber mantenido relaciones sexuales con menores. Sin duda, es uno de los casos relacionados con cargos del Partido Popular que más impacto ha causado entre la sociedad.

· Ordinas y el CDEIB. Son las siglas del consorcio público con sede en Inca que gestionaba Antònia Ordinas. La ex alto cargo del PP se gastó 322.000 euros sin más control que el suyo propio durante cuatro años, lo que supone una media mensual de 7.800 euros. Cesó en el puesto sin haber justificado unos 17.000, pero es que además está acusada de haber adjudicado ´a dedo´ infinidad de contratos a empresas amigas, y a su propia esposa, una soprano. La Fiscalía ya lo está investigando.