Las obras del metro -incluyendo el soterramiento de la línea de trenes y las obras de la estación de autobuses- se adjudicaron por unos 235 millones de euros, aunque se ejecutaron con un sobrecoste de 80 millones. Para amortizar el coste final de estos 314,5 millones de euros más sus correspondientes intereses bancarios -193,6 millones, hasta un total de 508 millones de coste final- no bastarían todos los usuarios previstos por el Govern de Matas durante 188 años.

La conselleria de Obras Públicas calculó que dicha línea sería utilizada por cerca de tres millones anuales de pasajeros, aunque el actual Ejecutivo considera que tal apreciación era cuando menos optimista. Dado el precio establecido de 90 céntimos para cada título de transporte, los ingresos por transporte se establecerían en 2,7 millones anuales, desde todo punto de vista insuficientes para sufragar a corto o medio plazo la deuda generada por las obras de construcción.

Como ya había adelantado DIARIO de MALLORCA, el Consell de Govern aprobó ayer una nueva operación de crédito para hacer frente al sobrecoste del que fue proyecto estelar del ex presidente Jaume Matas, quien decidió personalmente la creación de una línea jamás prevista en el plan balear de transportes.

De los 80 millones de sobrecoste a los que ha de hacer frente el actual Ejecutivo, diez ya se han consignado al presupuesto. Los setenta restantes supondrán unos intereses bancarios cercanos a los 50 millones de euros, de manera que el desfase real será de 120 millones que serán satisfechos en 2029, según ya publicamos en nuestra edición del lunes.

Los créditos originales para satisfacer la deuda de la adjudicación de obras finalizan en 2031. En total se satisfarán 193,6 millones de intereses, de los cuales 40 corresponderán a la nueva operación.

Pero estas cantidades no incluyen en absoluto las obras de reparación de la línea, inactiva desde septiembre de 2007.

Una auditoría externa trata de esclarecer a quién corresponde cada una de las actuaciones que desde entonces se ha efectuado sobre el tendido. En numerosas ocasiones, la responsabilidad corresponderá directamente a las empresas constructoras. En otras -no menos numerosas-, a la Administración, si el proyecto original mostraba deficiencias que no fueron correctamente subsanadas o si -a pesar de los defectos de construcción- fueron recibidas por la Conselleria.