El Govern, y más en concreto la conselleria de Movilidad y Territorio, en manos del Bloc, es consciente de que en algunos casos los promotores afectados por la ley proteccionistas que se aprueba hoy terminarán acudiendo a los tribunales reclamando una indemnización.
El director general de Ordenación del Territorio del Ejecutivo, Bernat Aguiló, explica que a la hora de desclasificar las urbanizaciones "se han seguido dos criterios: Protección del territorio al menor coste posible, y ser muy cautelosos para evitar indemnizaciones". Aguiló se muestra confiado que, a excepción del caso de ses Fontanelles, en Palma, y en segundo caso Biniorella-Cala Blanca (Andratx) "las indemnizaciones a pagar serán mínimas", y deberá asumirlas el Ejecutivo balear. "Nuestro planteamiento ha pasado por ampliar los ámbitos de protección de las áreas naturales de especial protección (ANEI), una competencia que tiene este Govern" y con el que las compensaciones a los promotores serán mínimas porque en la mayoría de proyectos están sin desarrollar, señala Aguiló. Con todo, el director general sabe que "habrá casos en que los afectados estarán descontentos, y probablemente acabarán en los tribunales".
Cala Carbó
Podría ser el caso de Cala Carbó, en Pollença, cuyos propietarios no entienden que estando la zona protegida por el Plan Territorial de Mallorca se haya incorporado ahora a la ley proteccionista. Los promotores han advertido de que podrían reclamar hasta 100 millones de euros, una cifra de la que discrepa Aguiló. "En cada caso se ha previsto el coste mínimo", y en Cala Carbó, "la zona tiene un grado de ejecución muy bajo y además no tiene servicios".
Sobre por qué se ha abortado ahora el trasvase de edificabilidad de la cala hasta la zona próxima de l´Ullal, Aguiló dice que es para "evitar una mayor degradación".
