Los propietarios de dos urbanizables que han sido excluidos en todo o en parte de la la ley proteccionista del territorio que aprobará hoy el Consell de Govern tienen o han tenido algún tipo de relación con cargos del PSOE y de UM.
Se trata de la urbanización prevista en Can Marçal Vell (en Portocolom, municipio de Felanitx), y de Biniorella (Andratx), que afecta a Cala Blanca. En el primer caso, el propietario del urbanizable de 8 hectáreas que ha quedado sin desclasificar -como pretendía el Bloc- es la sociedad Ponent Marsal S.L., de la que es socio el constructor Jaume Valens Pou.
El portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Antonio Diéguez, ha prestado sus servicios como abogado a Valens, según ha reconocido el propio diputado. Con todo, Diéguez se desvincula por completo de la exclusión del urbanizable de la ley proteccionista del Govern: "Sólo llevé una querella de Valens hace dos años, y no era por nada de la promotora", manifestó el socialista a este diario, sin explicar el fondo de la misma. "Hasta hace poco no tenía ni idea de dónde estaba Cala Marçal, y además no he participado para nada en la elaboración de la ley, me enteraré de su contenido exacto cuando llegue al Parlament", añadió Diéguez. El diputado atribuye a otros partidos la intencionalidad estos días de difamarle por un vínculo "exclusivamente laboral", asegura, con uno de los socios que se ha visto ahora beneficiado por la exclusión de su proyecto de la protección del Govern.
De hecho, hay que recordar que fuentes del Pacto han señalado a UM como el responsable directo de haber suprimido este urbanizable de Portocolom. Tanto es así, que sólo cuando el Bloc cedió y excluyó Can Marçal Vell, UM levantó su veto y las medidas territoriales pudieron ver la luz.
En el segundo de los casos, el único propietario de Biniorella-Cala Blanca, Llorenç Jaume, es tío del director general de Biodiversidad de la conselleria de Medio Ambiente, Miquel Ferrà, ex secretario general técnico de Urbanismo en el Consell de Mallorca.
Además Ferrà acaba de ser elegido miembro de la nueva ejecutiva de UM y es el marido de Isabel Alemany, teniente de alcalde de Andratx y futura alcaldesa del municipio en los dos últimos años de esta legislatura.
¿Qué ha pasado en Cala Blanca? pues que el Govern ha protegido un ámbito menor que el previsto en la norma cautelar que entró en vigor en febrero de este año tras ser aprobada por el Consell de Mallorca a propuesta del PSM, y al que se sumó el propio ayuntamiento andritxol, del PP. El objetivo del Consell era paralizar el proyecto para en seis meses hallar la fórmula para desclasificar el urbanizable de Biniorella. Sin embargo, la institución insular permitió que el pasado agosto caducara la protección temporal de la zona, y tal y como han quedado ahora las cosas, se deja abierta la posibilidad de trasladar un hotel de lujo proyectado en la zona protegida a la parte del urbanizable que se mantiene.
Manifestación del PP
El ex alcalde de Andratx, Jaume Porsell (PP), reiteró este miércoles su sospecha de intereses de UM para mantener el urbanizable: Los "vínculos" de la propiedad con Ferrà y Alemany "dan a pensar que detrás" de la desprotección "hay algo más", sentenció Porsell. Por cierto que el PP ha convocado una manifestación en la cala este domingo a las 12,30 horas.
Ante las "extrañas" desprotecciones de Can Marçal Vell y parte de Biniorella-Cala Blanca, el PP ha presentado una proposición de ley para incluirlas en las medidas proteccionistas del Govern. Los populares también citan el Pujol, en Santanyí, donde está proyectado un campo de golf con oferta complementaria. La presidenta de los populares, Rosa Estarás, no entiende por qué el Pacto impide el desarrollo de plazas turísticas y residenciales en los campos de golf, "y hace una excepción en el Pujol". En rueda de prensa, el teniente de alcalde de Santanyí, Miquel Contestí (PP), lanzó al vuelo una velada denuncia -"sabemos quiénes son los propietarios" del golf, sin decir quiénes-. Se trata de la promotora Bekor S.A., cuyo administrador único es un alemán.
Finca del Pujol
El vínculo que podría haber querido señalar Contestí es Miguel Artigues, presidente de la asociación Fora Vila, investigada por la Justicia por haber recibido subvenciones supuestamente irregulares del Consell cuando estaba en manos de UM. Por lo que ha sabido este periódico, la familia de Artigues habría vendido una finca hoy afectada parcialmente por el golf, pero no participaría en principio del proyecto.
