La portavoz del PSIB en el Parlament, Francina Armengol, y el diputado socialista Francesc Quetglas afirmaron ayer que el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para el próximo año se caracteriza por la "ilegalidad" en lo que se refiere a los aspectos tributarios, con incumplimientos que en el caso de las tasas que se unen al impuesto sobre el alquiler de vehículos alcanzan un nivel de "flagrante ilegalidad" ya que "nadie se puede creer que inscribir un vehículo en el registro le cuesta a la administración 70 euros o darlo de baja 40 euros".

Los representantes del PSIB anunciaron la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario del Govern basado, según Armengol, en "la mentira y el engaño, el aumento de la presión fiscal y la improvisación". Quetglas precisó que "la presión fiscal se concreta en un aumento del 18% en impuestos directos y del 11% en los indirectos".

El diputado socialista explicó que "formalmente" el Govern ha cumplido con el compromiso de ir rebajando la deuda de la Comunidad, sólo que para lograrlo lo ha hecho a través d la presión fiscal y no con las medidas previstas en el plan de equilibrio financiero. De acuerdo con la ley, según resaltó, las tasas se destinan a pagar un servicio que la administración da a los ciudadanos y, por lo tanto, no pueden exceder "lo que le cuesta dar ese servicio a la administración".

Además, para aprobarlas deben ir acompañadas de un estudio económico, lo que no ocurre con "la creación de nuevas tasas para carnicerías, los expedientes de expropiación forzosa, la servidumbre de paso y el registro de establecimientos comerciales.

Ademas, criticó duramente el nuevo impuesto sobre el alquiler de vehículos que afectará negativamente a la imagen de Balears en el exterior ya que los turistas no verán bien tener que pagar un impuesto para financiar la sanidad de los residentes en las islas. Según sus cálculos, un turista que alquile un coche durante diez días encarecerá su estancia entre 70 y 95 euros, lo que reducirá su capacidad de gasto. Además, "tampoco salen los cálculos" en la previsión de que con este impuesto se recaudarán 14 millones de euros, ya que la cantidad "ascenderá a 35 millones".

El objetivo, según Quetglas, no es el de lograr fondos para la sanidad sino compensar "la equivocación de haber eliminado la ecotasa de manera visceral",

A esto, los socialistas agregan que los cien millones que el Estado ha destinado para la sanidad no han sido utilizados íntegramente por el Govern para esta finalidad, sino que 45 millones se dedicarán a pagar "el endeudamiento" de las arcas autonómicas. A ello, Armengol añadió que el porcentaje dedicado a gastos sociales "no llega al 6%".