Juristas piden que el votante opine sobre el programa

Un grupo de juristas de Mallorca se dirigió a la Junta Electoral Provincial de Illes Balears el pasado 27 de abril para preguntarle si sería posible que, «en caso de que lo solicitara cualquier candidatura de las que concurren a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo, autorice una experiencia piloto de ámbito exclusivamente local para que puedan realizar una o varias preguntas a sus electores sobre contenidos del programa electoral».

«Para ello», sugieren, «se emplearía el reverso de la papeleta de votación que, en cualquier caso, y tal como establece la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral Genera (LOREG), debe ser siempre autorizado por la propia Junta Electoral».

El grupo de juristas firmantes de la consulta entregada a la Junta Electoral lo componen el ex juez José Castro y los abogados Ferrán Gomila, Juan Calatayud, Josep de Luis y Mar de la Loma.

Con la propuesta presentada por los juristas se persiguen, principalmente, los siguientes objetivos:

1. Proporcionar a las candidaturas información valiosa de las opiniones de sus votantes sobre uno o varios temas de interés general planteados por las propias candidaturas. Conseguirán una información que no podrían obtener por ningún otro procedimiento.

2. Estimular la participación en las elecciones municipales, cuyos porcentajes de abstención son más elevados que en el resto de comicios y que, en las Illes Balears, también son superiores a la media estatal.

Centrar la atención

3. Contribuir a centrar la atención del electorado en los contenidos concretos de los programas electorales, cosa no fácil de conseguir en medio del ambiente que crean las campañas electorales.

4. Llamar la atención a los partidos políticos y a sus representantes en las Cortes Generales para que se planteen la reforma de la LOREG, una ley que fue aprobada en 1985.

En cualquier caso, se trata de una experiencia piloto cuyo ámbito se limitaría al de los municipios en los que una o varias candidaturas manifiesten interés por participar, proporcionando al electorado esta nueva oportunidad de expresar su opinión a las personas en las que depositarán su confianza el mismo día de las votaciones.

Respetando en todo momento el secreto de voto y demás normas establecidas en la legislación vigente, se trata de una experiencia piloto que, de autorizarse, excluye cualquier consecuencia jurídica, concluye el comunicado remitido por el grupo de juristas.