"Sin el apoyo de los movimientos sociales el Pacte de Govern de Balears sufre, como han demostrado las últimas elecciones". Amadeu Corbera, presidente del movimiento ecologista GOB, se mostró ayer muy crítico con las decisiones medioambientales acordadas por el anterior Ejecutivo balear, asegurando que en la actualidad la situación es mucho peor que la de hace cuatro años. Por este motivo, exigió al Govern que adopte medidas drásticas y valientes para cambiar el modelo político de Balears. Los ecologistas han dado un ultimátum al Ejecutivo para que estas medidas urgentes, que supondrían un cambio de modelo, se acuerden en un plazo de cien días. Entre esas decisiones estaría la paralización inmediata de las obras ya iniciadas de la autovía entre Llucmajor y Campos, así como las del segundo cinturón de Palma.
Margalida Ramis, portavoz del GOB, aseguró que en estos momentos se está produciendo un nuevo boom de la construcción, con la diferencia de que las viviendas que se construyen van enfocadas al lujo. Además, el auge de la economía sigue ligado únicamente al negocio turístico y este factor provoca una explotación sin límites de los recursos naturales de Mallorca.
Ante el próximo gobierno progresista que se va a constituir en Balears, el GOB exige a los políticos que las decisiones que tomen sean para respetar los recursos naturales y que frenen el crecimiento, prohibiendo que se construyan nuevas viviendas. Como eje del urgente cambio, los ecologistas exigen un nuevo modelo de protección territorial, con acuerdos para detener la especulación urbanística y para protección del suelo rústico. En definitiva, un "urbanismo al servicio de las personas", señaló Ramis.
Los ecologistas exigen que en estos cien primeros días de gobierno se acuerden diez medidas que consideran imprescindibles. Además de los temas territoriales y de crecimiento, una de las medidas más urgentes sería una revisión de la ley turística. Se apuesta por abordar la necesidad de una moratoria y una reducción de las plazas turísticas.
Otra de las decisiones urgentes afecta a la revisión del planeamiento de los puertos y del aeropuerto, con el objetivo de contener el crecimiento. Se debería exigir al Estado la gestión directa de las principales infraestructuras de entrada y salida de personas y mercancías de las islas.
El GOB también pretende que se revisen los presupuestos de la comunidad para convertirlos en un instrumento de la transición socioecológica, que permita crear un modelo económico que no solo se base en el negocio del turismo y en la sobreexplotación de territorio, recursos y personas.
Otra medida urgente pasa por ampliar s'Albufera de Alcúdia y el Parc de Llevant de Mallorca.
En cuanto al crecimiento urbanístico, el GOB apuesta por aprobar en el Parlament una ley que impida a un ciudadano no residente en Balears que pueda comprar una casa si no demuestra que lleva viviendo en las islas un periodo mínimo de cinco años. Esta medida ayudaría a proteger el derecho al acceso a la vivienda y pondría trabas a la especulación inmobiliaria y urbanística, según sostiene Ramis.
Los portavoces del grupo ecologista se mostraron ayer muy preocupados por los altos niveles de contaminación que genera la presencia de cruceros en el puerto de Palma. Margalida Ramis detalló que el combustible que utilizan estos grandes barcos es de tan escasa calidad, que provoca grandes niveles de contaminación. Además, el hecho de que los motores estén funcionando aunque el barco esté amarrado, aumenta esta contaminación.
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