¿Mantener los límites al alquiler vacacional o eliminar algunos de los obstáculos fijados en la normativa actual? La asociación de alquileres turísticos, Habtur, celebró ayer un debate sobre una actividad que genera posturas irreconciliables entre la izquierda y la derecha política. Sucedió la legislatura que acaba de concluir y, por lo oído durante la hora larga de debate, la brecha tendrá continuidad el próximo curso.

Andreu Alcover, del PSIB, y Pere Fuster, de Més, defendieron las restricciones que fijó el Pacto en la ley aprobada en 2017 ante un auditorio hostil, formado en su mayoría por propietarios que han alquilado -o quieren alquilar- sus viviendas a turistas. La palabra "decrecer", pronunciada un par de veces por Fuster -aunque sin demasiado convencimiento- fue anatema durante la charla, moderada por la periodista Virginia Galiano. Podemos y Vox rechazaron participar en el debate.

Más cómodos se sintieron los representantes del centro-derecha. Josep Melià (El Pi), Marc Pérez (Ciudadanos) y Antoni Costa (PP) defendieron eliminar restricciones como el plazo máximo de cinco años para alquilar a turistas en pisos, precios más bajos para las plazas -cada una cuesta 3.500 euros para las viviendas unifamiliares- o la posibilidad de alquilar a turistas también en suelo rústico protegido. "Proponemos que el alquiler en unifamiliares [pisos] tengan una duración indefinida, como pasa con los unifamiliares o los hoteles. Queremos eliminar este plazo de cinco años", subrayó Melià, partidario de eliminar varias de las barreras que restringen la actividad.

Hubo coincidencia casi total entre Melià y el representante del PP, al que sin embargo se le recriminó que la ley de 2012 aprobada por el Govern de José Ramón Bauzá era incluso más restrictiva que la actual porque prohibía el alquiler en plurifamiliares. "El precio de las plazas está fuera de mercado y mucha gente no puede pagarla. Vuestra intención es la limitación, la prohibición. Queréis aplastar el alquiler turístico", argumentó Costa.

Completó el eje favorable a una flexibilización del alquiler turístico Pérez Ribas: "Somos un partido liberal y queremos que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades. Queremos anular la zonificación y que las familias puedan beneficiarse de los ingresos que genera el turismo".

Fuster defendió que durante esta legislatura el número de plazas legales ha crecido de 43.000 en 2015 a 96.000 en 2019. "Si alguien cree que esto es limitar o prohibir, que me lo explique", destacó el representante de Més.

Alcover también defendió la legislación normativa aprobada en 2017 y recordó que "habitualmente regular también significa limitar", independientemente del ámbito del que se trate.

En el turno de preguntas varios propietarios reprocharon a Fuster y Alcover no tener una normativa más flexible y, también, clarificadora.