España se queda sin escudo frente a las grandes subidas de la electricidad

El Gobierno ha ido levantando en los últimos años un armazón legal para intervenir el mercado eléctrico y frenar los picos históricos de precios de la electricidad durante lo peor de la crisis energética. España articuló varios mecanismos de topes de precios para paliar el impacto de las grandes subidas en las facturas de los hogares y las empresas. Una suerte de red de seguridad, un sistema activado ‘por si acaso’, que dejará de estar activo con el arranque de 2024 en línea con las directrices de la Unión Europea de retirar la mayor parte de las medidas extraordinarias adoptadas durante la crisis.

El fin a partir del 1 de enero de la excepción ibérica (el mecanismo que impone un límite al precio de gas que se utiliza para producir electricidad para bajar el precio final de la luz) y del recorte de los beneficios de las compañías eléctricas con un precio tope de 67 euros por megavatio hora (MWh) a la energía producida por nucleares, hidroeléctricas y renovables acaba con el escudo legal frente a las grandes subidas de la electricidad.

Ante la relativa normalización de los mercados energéticos, con precios ahora muy lejos de los picos históricos alcanzados durante la crisis, la Unión Europea ha decidido no prolongar para el próximo año el marco temporal de crisis por la guerra de Ucrania, que funciona como aval para que los estados miembros adopten medidas de emergencia.

Sin ese marco legal comunitario era imposible prorrogar la excepción ibérica, que decae tras ocho meses inactiva de facto porque los precios del gas natural han estado desde febrero por debajo del tope fijado por el mecanismo. Y sin ese marco legal comunitario era muy difícil (en este caso, no imposible) mantener el límite de precios en los contratos de venta de electricidad para controlar los denominados 'beneficios caídos del cielo'.

El Gobierno español ha venido defendiendo abiertamente en la UE en los últimos meses prorrogar el marco comunitario más allá de este año. De hecho, la apuesta de Madrid pasaba por una prórroga duradera, “hasta cuando sea necesario”, a la espera de la normalización total de los mercados energéticos, con el objetivo de dar herramientas a los estados miembros para poder actuar durante un plazo prolongado en caso de ser necesario para evitar grandes subidas de los precios de la electricidad.

Desde el Ejecutivo español, no obstante, se entiende ahora que la situación de los mercados energéticos se ha estabilizado y que las previsiones no anticipan que vaya a haber nuevos sobresaltos con subidas disparadas de precios, lo que dificultaba justificar la prórroga de los topes de los precios de venta, concebidos como una medida excepcional y temporal.

Adiós a la doble red de seguridad

España y Portugal pusieron en marcha en junio de 2022 la denominada excepción ibérica, que imponía un tope al precio de gas que se usa para producir electricidad para que el resto de tecnologías de generación no se contagiaran por las subidas precio del gas, que llegó a registrar máximos históricos durante la crisis energética.

El Gobierno calcula que el mecanismo ha ahorrado a todos los consumidores españoles más de 5.100 millones desde que se puso en marcha hace año y medio por la rebaja de los precios del mercado mayorista de la electricidad. Sin embargo, el sistema de protección lleva sin aplicarse desde finales del pasado febrero porque el precio del mercado mayorista de gas es inferior al tope que fija la excepción ibérica. Pero estando vigente, el mecanismo servía de salvavidas en caso de que los mercados de gas volvieran tensionarse.

También toca a su fin el sistema de topes de precios a parte de la electricidad que, desde hace dos años, buscaba evitar los posibles beneficios extraordinarios de las eléctricas e impedir que algunas compañías se aprovecharán de la escalada histórica de precios energéticos para disparar sus ingresos de manera abusiva. España fijó un precio tope para los contratos de venta de electricidad y lo hizo antes y de manera más restrictiva que el resto de países de la Unión Europea, con límites de precios mucho más bajos (67 euros por MWh) a los que finalmente avaló Bruselas para el conjunto de estados miembros (180 euros por MWh).

El Ejecutivo español finalmente no prorrogará el mecanismo, que expira el 31 de diciembre. El objetivo del sistema era impedir que las compañías energéticas vendieran la electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y parte de las renovables a los precios desorbitados que marcaba entonces el mercado mayorista. Los precios se disparaban por la alta cotización del gas natural y de los derechos de emisión de CO₂, que son costes que estas tecnologías en realidad no soportan.

La prórroga del 'escudo social' del Gobierno tendrá un coste de 5.300 millones en 2024

El Gobierno ha estado obligando desde entonces a nucleares, hidráulicas y renovables a devolver los ingresos extra obtenidos por los contratos de venta firmados por encima de un precio tope fijado en 67 euros por MWh para evitar los denominados beneficios caídos del cielo. Las compañías eléctricas se han visto forzadas a devolver ya al sistema ingresos excesivos por un total de 812,7 millones de euros, según adelantó este diario. Y la previsión del sector es que las minoraciones obligatorias finalmente rondarán los 1.000 millones de euros en total durante los más de dos años de vigencia.

Un escudo social rebajado

Con la eliminación de las medidas de intervención del mercado eléctrico, el Gobierno centra su actuación en mantener escudo social más reducido para proteger a los clientes particulares y a las empresas frente a unos precios de la energía que siguen siendo altos en relación a la media histórica, aunque estén muy por debajo de los máximos históricos de la crisis.

El Ejecutivo ha aprobado seguir con una fiscalidad reducida a las facturas de la luz y el gas, pero aplicando una subida escalonada frente a los niveles que se han venido aplicando durante la crisis energética. Desde enero y durante todo este año subirá el IVA sobre la electricidad desde el 5% actual hasta el 10% (frente al 21 de antes de la crisis); el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) pasará del 0,5% actual al 2,5% en el primer trimestre del año y al 3,8% durante el segundo (era del 5,1% tradicionalmente); y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) será del 3,5% hasta marzo y del 5,25% hasta junio (habitualmente era del 7%).

En paralelo, el IVA en la factura del gas natural pasará del 5% al 10% durante los primeros tres meses de 2024, los de mayor consumo durante el invierno, y a partir de entonces está previsto que se recupere el tipo habitual del 21%. Además, el Ejecutivo sí que ha decidido mantener al menos hasta mitad de 2024 el mecanismo que limita las subidas que se pueden aplicar a las tarifas de último recurso de gas (TUR) y la vigencia de la tarifa vecinal de gas, como parte del 'escudo social' revisado de cara a 2024 y del que se han eliminado o suavizado otras medidas de protección. El mecanismo acota la subida, pero no las impide, para los 2,8 millones de hogares que tienen contratada la tarifa regulada de gas. De hecho, entre enero y marzo la tarifa subirá de media un 8,2% durante el invierno y la tarifa para comunidades de vecinos con calefacción central escalará entre un 5,17% y un 7% en el mismo periodo.

El Gobierno también ha decidido continuar con medidas especialmente destinadas a proteger a consumidores vulnerables, manteniendo el bono social eléctrico reforzado aprobado durante la crisis, que amplía las rebajas de la factura de la luz temporalmente hasta el 65% y el 80% del importe total como parte de las medidas anticrisis (desde entre el 25% y el 40% en función del grado de vulnerabilidad original). El número de beneficiarios del bono social ha escalado hasta los 1,55 millones de familias, más de un 30% más que antes de la crisis energética.

El Gobierno también ha decidido mantener activo el nuevo tipo de bono social, excepcional y temporal, destinado a hogares de clase media con motivo de la crisis energética y la incertidumbre económica provocada por la guerra, con descuentos del 40% del recibo de luz para familias que, con dos adultos y dos hijos, pueden disponer de rentas anuales de hasta 27.700 euros. Un nuevo tipo de bono al que se han acogido menos de 30.000 usuarios, pese a que el objetivo potencial era llegar a 1,5 millones de hogares. Asimismo, el Ejecutivo ha prolongado la prohibición de cortes de suministros básicos a hogares vulnerables.