Iberdrola, Endesa y Naturgy lanzan una batalla legal contra el plan nuclear del Gobierno y piden una rebaja fiscal masiva

Las grandes eléctricas se revuelven contra la intención del Gobierno de aplicar una fortísima subida de las tasas que pagan sus centrales nucleares. Foro Nuclear, la patronal que agrupa a las dueñas de los reactores (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), lanzan una batalla legal en el Tribunal Supremo para tumbar el plan del Ejecutivo de construir siete cementerios nucleares por el sobrecoste milmillonario que representa y contra el carpetazo definitivo a la construcción de un único almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) y al tiempo reclaman una revisión total de la fiscalidad que soportan los reactores para frenar la futura subida de tasas.

El Gobierno ha decidido apretar a las grandes eléctricas y ha activado el proceso para aplicar una fuerte subida del 40% de la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar los costes milmillonarios que conllevará el desmantelamiento de todos los reactores y la gestión durante décadas de sus residuos radiactivos en siete cementerios nucleares. Un incremento motivado por el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno, la hoja de ruta de gestión de la basura nuclear y que contempla siete almacenes nucleares, uno en cada central, y que supone un sobrecoste de 3.700 millones frente a la anterior previsión con el proyecto de un solo almacén.

La patronal Foro Nuclear ha presentado sendos recursos contenciosos administrativos en el Tribunal Supremo contra el séptimo plan de residuos autorizado por el Ejecutivo el pasado diciembre y contra la decisión de abandonar de manera definitiva el proyecto construcción de un único almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas. La asociación nuclear reclama con a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) retomar las actuaciones necesarias para terminar los procesos iniciados en el último año para poner en funcionamiento este único cementerio nuclear.

Contra la subida de tasas

La patronal Foro Nuclear, además, ha presentado alegaciones conjuntas compartidas por todas las grandes eléctricas propietarias de las centrales como el proyecto de real decreto con el que el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, pretende aplicar subida de la prestación patrimonial que pagan las compañías eléctricas hasta los 11,14 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las centrales nucleares, un 39,5% por encima de los 7,98 euros por MWh que se aplican actualmente.

Las centrales nucleares pagan a Enresa una prestación patrimonial no tributaria -que es la denominación correcta de este gravamen- en función de la electricidad que produce cada una de ellas. En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Endesa e Iberdrola, principalmente, y con participaciones residuales también Naturgy y EDP) están abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.400 millones acumulados.

La subida propuesta ahora por el Gobierno disparará los pagos que realizan cada año las centrales nucleares hasta cerca de los 630 millones de euros, 180 millones más que los abonos actuales. Un fortísimo incremento que amenaza con provocar un choque directo entre el Ejecutivo y las grandes eléctricas, que llevan años quejándose ya de que la fiscalidad excesiva que soportan las centrales nucleares pone en peligro su viabilidad económica.

Reforma fiscal

La asociación que integra a Iberdrola, Endesa y Naturgy reclama al Gobierno que el sobrecoste milmillonario del plan de residuos no sea financiado en ningún caso por las centrales nucleares, dado que lo achacan a la falta de consenso política e institucional para construir un solo almacén nuclear. Y las eléctricas exigen también una revisión total de la fiscalidad que soportan los reactores para conseguir diluir la subida de la ‘tasa Enresa’ promovida por el Gobierno.

Las nucleares piden que la recaudación millonaria de los impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear y de almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas se destine a alimentar el fondo con el que se paga el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los desechos nucleares, y no a las arcas públicas generales. Una reasignación de la recaudación que permitiría un ahorro equivalente de 5 euros por MWh producido por las nucleares (más que la subida propuesta por el Gobierno, según fuentes de Foro Nuclear). Además, también piden excluir del fondo de Enresa los costes del importe del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas que paga la propia Enresa y que finalmente acaba repercutiendo de manera indirecta a las centrales.

“Foro Nuclear recuerda que las centrales nucleares españolas están sometidas a una carga fiscal excesiva, discriminatoria e incluso en algunos casos redundante, que penaliza el funcionamiento y la gestión de las mismas”, indica la asociación. “Cualquier incremento adicional de impuestos y tasas comprometería su viabilidad económica en un momento en el que las centrales nucleares resultan esenciales en la transición energética por la garantía de suministro que ofrecen y la no emisión de CO2 teniendo en cuenta, además, los retrasos en los desarrollos eólicos y los proyectos de bombeo como almacenamiento”.