Grandes consumidores de luz pagan un extra de 185 millones por la quiebra de decenas de eléctricas

El caos de precios de la electricidad, con máximos históricos y volatilidad disparada, ha provocado en los últimos años la quiebra y desaparición de decenas de pequeñas compañías eléctricas, sin el músculo financiero de los grandes grupos. En los últimos tres años más de 80 comercializadoras independientes han echado el cierre en el mercado español, según el listado oficial de comercializadoras de luz de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Un registro que muestra el reguero de empresas que se han dado de baja en el último trienio, si bien es cierto que en ese periodo 150 empresas se dieron de alta y actualmente hay operativas unas 520 comercializadoras.

La desaparición de compañías eléctricas provoca un trastorno evidente sobre sus clientes y también tiene un impacto millonario en las cuentas del propio sistema eléctrico. Cuando una comercializadora quiebra sus clientes pasan de manera transitoria a tener un contrato de último recurso con una de las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Totalenergies) que ofrecen la tarifa regulada de luz, según establece la legislación para evitar que se queden sin suministro.

La tarifa regulada de luz, denominada precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), está reservada para los clientes que tengan contratada una potencia por debajo de los 10 kilovatios, esto es, hogares y micropymes (tras la última reforma de la tarifa regulada, desde este enero quedan fuera del PVPC las pymes con entre 10 y 249 empleados). Muchos grandes clientes de las eléctricas que quiebran y que pasan automáticamente a tener contratada PVPC no tienen derecho de facto a acogerse a esa tarifa regulada, por tener contratadas potencias y registrar consumos muy superiores a los de un hogar.

Estos grandes consumidores están obligados a pagar un recargo del 20% en sus facturas mientras se valen de la tarifa último recurso y hasta que contratan con otra compañía del mercado libre acorde a su perfil. El aumento de las compañías desaparecidas y las subidas de los precios del mercado eléctrico durante la crisis energética han hecho que el importe recaudado por este concepto se haya disparado en los últimos años.

Sobrecoste millonario

Según los informes de liquidaciones del sistema eléctrico elaborados por la CNMC, el sobrecoste pagado por los grandes clientes afectados por la desaparición de su comercializadora ha pasado de los 7,2 millones en 2021 a catapultarse durante la crisis energética hasta los 63 millones en 2022 y hasta los 67 millones en 2023. Y el Gobierno calcula ahora que durante este año esos recargos ascenderán a 54,6 millones, según la propuesta de orden de cargos eléctricos para 2024 elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica. En total, un extra de 185 millones de euros en tres años.

Los clientes sin derecho a la tarifa regulada (con una potencia contratada superior a 10 kilovatios) que acaban acogidos al PVPC al quedarse sin compañía no pagan el mismo precio que el resto de usuarios acogidos a este tipo de tarifa, sino que la legislación vigente establece que se les debe aplicar un recargo del 20% en todos los conceptos regulados de su factura de luz.

Los clientes pagan ese sobrecoste del 20% sobre los precios habituales del PVPC a su nueva comercializadora regulada. Las comercializadora abona ese importe a la compañía distribuidora (la que gestiona las redes que llegan hasta la puerta del consumidor). Y la distribuidora liquida esas cantidades como ingresos del sistema eléctrico para financiar los costes regulados que pagan el conjunto de los clientes eléctricos.