El Gobierno prepara una subida millonaria de tasas a las nucleares

El Gobierno ultima la aprobación del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), la hoja de ruta sobre cómo gestionar los desechos nucleares, cómo desmantelar todas las centrales nucleares en tiempo y forma, y cómo y cuánto pagar por todo ello durante todo este siglo. La pretensión inicial del Ejecutivo era haber aprobado el plan durante el verano pasado, pero el adelanto electoral y el largo periodo de gobierno en funciones paralizó todo. El paso del nuevo plan por el Consejo de Ministros para su ‘ok’ definitivo en principio se producirá a muy corto plazo.

La versión final del nuevo PGRR contempla la construcción de siete almacenes diferentes en España para guardar los desechos, uno en cada una de las centrales nucleares. Los residuos se quedarán durante décadas en cada central tras los cierres escalonados previstos entre 2027 y 2035, hasta que sean trasladados a un futuro almacén geológico profundo (AGP), aún por diseñar y elegir su ubicación, que en principio no estará operativo hasta 2073.

Durante los últimos años el Gobierno ha mantenido vivas dos alternativas sobre qué hacer con los residuos de alta radiactividad de las centrales: transportarlos y guardarlos todos en un almacén temporal centralizado (ATC) durante unas décadas (que era la opción que se mantuvo durante años con la idea de localizarlo en Villar de Cañas, en Cuenca) o construir siete almacenes temporales descentralizados en el país (ATD).

Ante la falta de consenso político y social, y dado que ninguna comunidad autónoma finalmente quería acoger un gran cementerio nuclear nacional, el Gobierno se ha decantado por la opción de los siete almacenes. Una vía que requiere unas inversiones mucho mayores, que es más cara: la opción de construir siete cementerios implica cerca de 2.000 millones de euros más de inversión, hasta los 19.244 millones hasta el año 2100. Un sobrecoste que obligará a aplicar una subida millonaria a las tasas que pagan las centrales nucleares para financiar la gestión de sus residuos radiactivos y el desmantelamiento de las propias plantas.

El plan del Gobierno de construir siete cementerios nucleares provoca un choque con las grandes eléctricas

Subida del 25%

Las centrales nucleares pagan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) una prestación patrimonial no tributaria -que es la denominación correcta- de 7,98 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad que producen. En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Endesa e Iberdrola, principalmente, y con participaciones residuales también Naturgy y EDP) están abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.500 millones acumulados.

Los sobrecostes previstos en el futuro PGRR que se aprobará de manera inminente empuja a una subida de esa tasa del 25%, hasta cerca de 10 euros por MWh, según confirman varias fuentes del sector nuclear a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. Un incremento que elevaría los pagos que realizan cada año las centrales nucleares hasta cerca de los 570 millones de euros, 120 millones más que los abonos actuales. El Ministerio para la Transición Ecológica, que será el encargado de aprobar esa subida de la tasa a las nucleares, ha preferido no hacer comentarios sobre la futura subida.

Previsiones de tasas al alza

El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas el cierre escalonado de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Y en ese protocolo se acordó aplicar una subida máxima del 20% de la tasa que pagan las compañías por la electricidad producida, lo que llevó a que el Ejecutivo subiera la tasa hasta los 7,98 euros por MWh generado que se aplica actualmente. Una tasa que entonces se consideraba suficiente para cubrir los costes de gestionar los desechos nucleares y para construir un almacén temporal centralizado.

Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos en España, elaboró en 2020 un primer borrador de nuevo plan general de residuos radiactivos en que sólo se contemplaba la opción de construir un único ATC y cuya memoria financiera mantenía la tasa en esos 7,98 euros por MWh. En la siguiente versión del plan que elaboró Enresa y se sometió a audiencia pública se incluyeron las dos alternativas: levantar un solo ATC o construir siete almacenes por todo el país, lo que implicaría aplicar una tasa de 8,1 euros por MWh o elevarla a 9,6 euros por MWh, respectivamente.

En la última versión del PGRR conocida sólo se contemplaba ya la construcción de los siete almacenes y se anticipaba que la prestación patrimonial necesaria sería de 9,7 euros por MWh. Todos los años Enresa elabora una actualización de previsiones financieras ligadas al desarrollo de la gestión de los residuos a largo plazo y en su último informe, elaborado el pasado junio, elevó sus estimación de la tasa necesaria hasta los 10,15 euros por MWh, según apuntan fuentes empresariales conocedoras.

Las compañías nucleares auguran que el Gobierno finalmente ajustará ligeramente ese importe (por una menor inflación a la estimada cuando se elaboró esa estimación) y aprobará una subida de los pagos hasta el entorno de los 10 euros por MWh.

Fuentes oficiales de Enresa consultadas por este diario subrayan que las reuniones permanentes que mantienen con los titulares de las centrales versan sobre asuntos técnicos y sobre los costes generales del PGRR y sobre las inversiones que debe afrontar cada una de las plantas, pero no se aborda el importe de la tasa. En cualquier caso, las estimaciones financieras que elabora Enresa no son vinculantes y la decisión sobre la cuantía de la prestación que se aplica las centrales nucleares es competencia exclusiva del Ministerio para la Transición Ecológica.

Cargar el coste al recibo de luz

Las grandes eléctricas, propietarias de las centrales nucleares españolas, han venido mostrando su rechazo a asumir mayores costes a los previstos en anteriores versiones del futuro PGRR, y critican la posibilidad de que el Gobierno suba la tasa que pagan las compañías para financiar los costes del plan del cierre de las centrales y la gestión de los residuos. Así se recogía las observaciones remitidas al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el borrador del PGRR por el Comité de Energía Nuclear (CEN), que agrupa a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP como dueñas de los reactores ubicados en España, como adelantó este diario.

Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP culpan de estos sobrecostes al enorme retraso que acumuló el antiguo proyecto de construcción de un ATC en Villar de Cañas, en Cuenca, por falta de consenso político e institucional, y por eso se niegan a asumirlos. La propuesta de las grandes eléctricas incluida en su informe de alegaciones es considerar esos importes adicionales como costes del sistema eléctrico y cargarlos a la tarifa eléctrica que pagan todos los consumidores. La prestación patrimonial que pagan las centrales nucleares, en cualquier caso, no es una figura tributaria, sino que se trata de un coste operativo más de las propias plantas (el de asumir los gastos de gestionar los residuos nucleares que generan) y que se articula a través de Enresa.

Las compañías del sector nuclear han venido quejándose en los últimos años de sus problemas de rentabilidad por las cargas fiscales y de prestaciones patrimoniales que asumen las centrales, con un coste de unos 25 euros por MWh de electricidad producido. Entre sus reclamaciones habituales a las Administraciones figura una rebaja de sus obligaciones fiscales, y más recientemente también la aplicación de alguna fórmula que garantice una rentabilidad razonable a las plantas, como los contratos a largo plazo con el propio sistema eléctrico que marquen precios estables (que hace que el sistema compense a las eléctricas si el precio del mercado es menor al pactado y que las nucleares devuelvan el excedente si la cotización está por encima) o mediante un mecanismo de pagos por capacidad, que implicaría que se compensa a las centrales con una retribución específica por estar siempre disponibles y dar estabilidad a la producción eléctrica.