Irlanda toma posiciones para proteger el 30% del mar, incluidas zonas de Gran Sol

El pasado febrero el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, presentó el Plan de Acción, una hoja de ruta enmarcada dentro de la Estrategia de Biodiversidad que entre sus objetivos fija el cierre a la pesca de arrastre de las áreas marinas protegidas, que tendrán que ampliarse de forma considerable en las aguas de cada Estado miembro de aquí a 2030. Por el momento, el grueso de los países, como España, mantienen un perfil bajo sobre las medidas a tomar o, directamente, no las han activado, algo lógico toda vez que se prevé que existan conversaciones entre la Comisión Europea y los Estados miembro para apuntalar los objetivos. Sin embargo, Irlanda ya está tomando posiciones. Antes de que acabe el año, definirá una ley con la que aspira a cubrir un 30% de sus aguas, incluyendo dos grandes áreas en pleno Gran Sol, histórico caladero de la flota gallega.

La Estrategia de Biodiversidad (EU Biodiversity Strategy), cuyas líneas maestras adelantó Fario de Vigo, diario de Prensa Ibérica, en 2020, perfilaba una serie de medidas planeadas desde Bruselas para proteger y recuperar zonas “degradadas” tanto en tierra como en el mar. Para el agua, la intención de la DG Mare (Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la UE) era la publicación de ese Plan de Acción específico. “Cuando sea necesario, se introducirán medidas para limitar el uso de los artes de pesca más perjudiciales para la biodiversidad, incluido en el fondo marino”, rezaba la Estrategia en este apartado, apuntando directamente al arrastre.

Tras varios retrasos entre 2021 y 2022, el plan acabó viendo la luz de forma oficial el pasado febrero. En el texto, se apuntaba a vetar la pesca de arrastre en las áreas marinas protegidas (MPA, en inglés), cuya superficie tendrá que ocupar el 30% del mar comunitario de aquí a 2030 mediante una aplicación gradual, si bien en el plazo de solo un año se tendrá que cubrir el 20% de las aguas de cada estado miembro con las MPA.

Pese a la oposición del sector, que lo ve como un ataque a su línea de flotación, y de países como España –reclamó estudios de impacto “antes de avanzar en ningún plan”–, Bruselas parece decidida a seguir adelante y, por el momento, no ha dado síntomas de querer posponer o dilatar su aplicación.

En esta tesitura, Irlanda no ha parado de dar pasos. Ya antes de la presentación del plan por parte de Sinkevicius, Dublín dio a conocer su intención de establecer dos grandes áreas marinas protegidas de 30.000 kilómetros cuadrados entre las dos, afectando de lleno al caladero de Porcupine, en el norte de sus aguas del este, y a los cañones en el sur, justo pegado a su zona económica exclusiva. A ella la siguió otra zona, en este caso en el Mar de Irlanda, donde no faena la flota gallega.

A esta medida, el Gobierno irlandés suma también un Proyecto de Ley de Áreas Marinas Protegidas, que buscaba “crear un marco moderno para designar y gestionar eficazmente” esas zonas, con la idea de contribuir a “hacer frente a la actual crisis climática y de biodiversidad”.

COMPROMISO

Ahora, el ministro de Vivienda, Gobierno Local y Patrimonio, Darragh O’Brien, reafirmó aquel compromiso original y apuntó que su plan es llegar a ese 30% en 2030. Sin esperar al estudio de impacto que aseguró Sinkevicius que se haría. Sin ver en qué quedarán las conversaciones de la propia Comisión con los Estados miembro.

O’Brien aprovechó un seminario en el que participó la Comisión Europea en Dublín para destacar “el progreso significativo de Irlanda en el cumplimiento de los objetivos para proteger las áreas marinas como se describe en la Estrategia de Biodiversidad de la UE”. Sobre la ley, avanzó que “respaldará legalmente la designación de áreas marinas protegidas”. “Estas acciones, junto con el compromiso de mi departamento aquí hoy, demuestran un compromiso real para proteger nuestra biodiversidad marina”, señaló.

Pero la felicidad de O’Brien no es compartida por la flota pesquera irlandesa. Para el director ejecutivo de la Organización de Pescadores de Killybegs, Seán O’Donoghue, la “objeción formal” que presentaron por las tres nuevas zonas protegidas ya establecidas “dada la falta de datos científicos” no obtuvo respuesta del Gobierno. “Creemos que fue una gestión completamente individual sin consultas previas con otros departamentos gubernamentales y partes interesadas; por lo tanto, simplemente no se puede permitir que suceda. Va en contra tanto de la buena gobernanza como de las mejores prácticas, al tiempo que utiliza un asesoramiento técnico y científico que es defectuoso”, resaltó O’Donoghue.

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