España supera por primera vez los 1,5 millones de familias con ayudas para bajar su recibo de la luz

La crisis energética ha supuesto un golpe directo a los hogares españoles por la escalada histórica de precios que se sufrió durante meses y ha tenido a las familias vulnerables como damnificadas primordiales. Los precios de la electricidad están ahora muy por debajo de los récords de lo peor de la crisis agudizada por la guerra en Ucrania, pero siguen altos en relación a la media histórica. Y las consecuencias se siguen notando en el número creciente (también ahora) de hogares que reciben el bono social, el programa de descuentos en el recibo de luz para familias vulnerables.

España ha superado por primera vez los 1,5 millones de hogares acogidos a estas ayudas para recabar la factura de la luz. Según los registros oficiales del Gobierno, a finales del pasado julio se rozaron los 1,521 millones de familias beneficiarias del bono social eléctrico tras fuertes subidas durante toda la crisis energética. La parte positiva: las ayudas llegan cada vez a más hogares. La negativa: se confirma que cada vez más familias las necesitan.

El número de beneficiarios del bono social se ha disparado un 21% en sólo un año, sumando 267.300 nuevos hogares acogidos a los descuentos para vulnerables y vulnerables severos desde julio de 2022. Desde el inicio de la crisis energética, los receptores del bono han crecido un 31%, con 359.600 familias más desde mayo de 2021 (justo antes de las primeras medidas de urgencia adoptadas por el Gobierno para paliar la subida de los precios energéticos, en junio de ese año), según el análisis combinado de las estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

El bono social eléctrico permite aplicar rebajas en las facturas de luz de entre el 25% y el 40% en función del grado de vulnerabilidad (vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social), pero como parte de las medidas anticrisis el Gobierno elevó de manera temporal los descuentos hasta el 65% y el 80% del recibo para la gran mayoría de los beneficiarios. La subida extraordinaria de las ayudas está vigente en principio sólo hasta fin de año, y el Ejecutivo deberá decidir en los próximos meses si decide prolongar.

El bono de la luz da acceso, además, a todos sus beneficiarios al bono social térmico, un cheque ayuda para pagar parte de los gastos de gas, agua y calefacción mediante un pago único de entre 40 y 375 euros anuales en función del grado de vulnerabilidad y de la zona climática en que vivan los beneficiarios.

El coste del bono social luz (actualmente unos 800 millones de euros al año) se reparte entre todos los operadores del sector eléctrico en función de su cuota de mercado, pero éstos luego lo acaban repercutiendo a sus clientes. El montante total de las ayudas del bono social térmico (unos 260 millones) lo cubren los presupuestos generales del Estado.

Uno cada cuatro, por familia numerosa

De los 1,52 millones de beneficiarios que había al cierre de julio, casi tres cuartas partes lo son por criterios directamente relacionados con el nivel de renta del hogar: 1 millón por ser considerado hogar vulnerable o vulnerable severo, casi 105.000 pensionistas con pensión mínima y 11.000 como beneficiarios del ingreso mínimo vital.

Uno de cada cuatro receptores del bono social lo perciben por ser familia numerosa (las que tienen tres o más hijos), que en la mayoría de los casos no se tiene en cuenta ningún criterio vinculado a la renta del hogar. Casi 379.400 familias numerosas percibían las ayudas a final de julio, según los datos del Gobierno, en los que no se desagrega dentro de este colectivo las diferentes tipologías de receptores.

Sí lo hace la CNMC, que con datos hasta el cierre de abril muestra que la mayoría de las familias numerosas se benefician del descuento (en este caso una rebaja del 25%) sólo por serlo, y una parte sí que lo percibe como consumidor vulnerable severo por su bajo nivel de renta (el descuento en este caso puede ser de hasta el 80%). Del total de 346.571 familias numerosas beneficiarias en abril, sólo 101.226 tenía en cuenta su renta por su condición de consumidor vulnerable severo.

Reforma congelada

El Gobierno anunció a mediados de marzo que trabajaba en una reforma de los requisitos de las familias numerosas para recibir ayudas en sus recibos de la luz y en otros costes energéticos, con el objetivo de imponer topes de renta familiar para acceder a los descuentos y evitar que se beneficien algunos hogares que realmente no los necesitan.

El Ejecutivo subrayó entonces que el objetivo era emprender la reforma “cuanto antes”, pero seis meses después, los cambios siguen en el aire. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya confirmó que se negociaba con las asociaciones de familias numerosas para aplicar una reforma de manera pactada y que no se produciría antes de las elecciones del 23J. Ahora con el Gobierno en funciones la posibilidad de emprender la reforma, en todo caso, se aplaza hasta después de una eventual investigura. Oficialmente desde el Ministerio sólo se traslada que no hay novedades sobre este asunto.

El anuncio de marzo sobre la reforma en ciernes llegó en plena polémica tras conocerse que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, la líder autonómica de Más Madrid, Mónica García, y otros políticos regionales madrileños estaban percibiendo los bonos sociales de luz y térmico por su condición de familias numerosas, pero evidentemente no por baja renta familiar. Desde que se anunció los pretendidos cambios casi 16.500 nuevas familias numerosas se han sumado a la lista de beneficiarios del bono social eléctrico.

Límites de renta más altos

El Gobierno lanzó mensajes de tranquilidad a las familias numerosas. La propia vicepresidenta Ribera ya confirmó que, dadas las particularidades de este tipo de unidades familiares y por el gran número de convivientes que pueden conllevar, tras la reforma podrían mantener los bonos sociales de luz y de gas con niveles de renta “mucho más elevados” que los que se requieren para ser considerado consumidor vulnerable o vulnerable severo.

El Ejecutivo en ningún momento precisó oficialmente las cuantías de renta máxima que planea (o planeaba) establecer para las familias numerosas, pero en principio la pretensión ministerial pasa por ser más flexible y permitir rentas más altas por cada uno de los hijos de las familias numerosas para poder acceder a las ayudas.

Los límites de rentas que se añaden por cada hijo adicional con carácter general es el resultado de sumar por 0,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) -fijado este año en 8.400 euros anuales en 14 pagas-, pero para las familias numerosas ese multiplicador será mayor para facilitar que hogares con rentas mayores puedan seguir recibiendo el bono social y el bono térmico.

Actualmente, los hogares formados por dos adultos y un menor pueden ser considerados vulnerables y recibir el bono social eléctrico con rentas familiares anuales inferiores a 19.320 euros, y en el caso de unidades de dos adultos y dos menores, el límite está marcado en 23.520 euros, según los datos del Gobierno. Para familias numerosas, a partir del tercer hijo, el tope sería actualmente de unos 26.500 euros.